El gobierno argentino enfrenta un plazo crucial para proporcionar detalles exhaustivos sobre sus reservas de oro y otros activos institucionales. Este proceso, que comenzará en febrero y culminará en marzo, responde a una orden judicial emitida por la magistrada del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien supervisa el caso relacionado con la expropiación de YPF. La medida ha sido impulsada por Burford Capital, un fondo de inversión que busca cobrar una sentencia multimillonaria contra Argentina. El caso ha generado tensiones significativas, especialmente en relación con los posibles embargos de activos estatales.
La controversia tiene su origen en la nacionalización de YPF en 2012, cuando el gobierno argentino asumió el control de la empresa petrolera. Desde entonces, varios inversores han emprendido acciones legales para recuperar pérdidas. En 2015, Burford Capital adquirió los derechos de litigio correspondientes a la expropiación de YPF en España, donde se encontraban las sociedades Petersen Energía y Eton Park. Estos fondos consideran que la Argentina no ha mostrado voluntad de pago, lo que ha llevado a múltiples demandas y solicitudes de embargo contra diversos activos del país.
En este contexto, la jueza Preska ha exigido al gobierno argentino que entregue información detallada sobre cuentas bancarias, reservas de oro y otros activos en posesión del Banco Central y otras entidades estatales. Esta información será crucial para determinar qué bienes pueden ser objeto de embargos. Por ejemplo, si el oro ha sido utilizado como garantía en operaciones financieras, podría volverse susceptible a dichos embargos. Además, la magistrada ha advertido que Argentina ha dedicado demasiados recursos a resistir la entrega de estos documentos.
El cronograma establecido por la corte es estricto: para el 7 de febrero, el país debe presentar datos sobre sus cuentas bancarias dentro del territorio nacional; para el 21 de febrero, deberá proporcionar información sobre cuentas diplomáticas y consulares en el extranjero; y finalmente, para el 28 de febrero, deberá revelar la ubicación exacta de sus reservas de oro. El plazo límite para completar toda la información es el 14 de marzo.
Esta situación pone a prueba la capacidad del gobierno argentino para manejar sus obligaciones internacionales mientras protege sus activos. Los próximos meses serán cruciales para definir cómo se resolverá este conflicto legal, que ya ha tenido antecedentes como el embargo de la Fragata Libertad en 2012 y la retención de pagos de deuda en Nueva York en 2014. Con cada paso, la Argentina se acerca más a un desenlace que podría tener consecuencias significativas para su economía y relaciones internacionales.