El caso legal entre Mireddys González Castellanos y su esposo Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, ha tomado un giro significativo. Este sábado, la defensa de González solicitó al juez Anthony Cuevas Ramos el permiso para entregar un dispositivo con información financiera y corporativa a la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan. Además, se informó que el juez emitió una orden contra González y su hermana Ayeicha por incumplimiento de una directriz judicial relacionada con el control de las empresas El Cartel Récords Inc. y Los Cangri Inc.
La defensa de Mireddys González presentó formalmente una solicitud para proporcionar un dispositivo de almacenamiento con documentación relevante. Este material incluye estados bancarios, contratos, planillas fiscales y otros documentos financieros personales y corporativos. La entrega de estos datos se realiza como parte de los esfuerzos para cumplir con las disposiciones judiciales. Se destacó que se ha preparado más información de lo inicialmente requerido, mostrando un interés claro en adherirse a la orden del tribunal.
En detalle, la defensa aseguró haber preparado un dispositivo con acceso completo a registros contables y estados bancarios correspondientes al año 2024. También se mencionó que están dispuestas a firmar renuncias y completar procedimientos pendientes si se ajustan los textos requeridos. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la orden del juez exigía la entrega inmediata de accesos a cuentas y sistemas electrónicos, lo cual no fue cumplido dentro del plazo estipulado, llevando a la amenaza de arresto por desacato civil.
El juez Anthony Cuevas Ramos emitió una orden específica que daba un plazo hasta las 8:00 pm para que Mireddys González y su hermana entregaran los accesos requeridos. Esta acción se produjo después de que Daddy Yankee reiterara, por segunda vez, que sus familiares no habían cumplido con los acuerdos previos para transferir el control de las corporaciones. La falta de cumplimiento en este plazo podría resultar en su arresto e ingreso a la cárcel por desacato civil.
La vista convocada evaluó una moción de desacato presentada por Ayala Rodríguez, alegando incumplimiento de una orden anterior. Esto incluía la entrega de todas las contraseñas necesarias para acceder a cuentas bancarias, redes sociales, sistemas de regalías y otras plataformas electrónicas relacionadas con el artista. Pese a las intenciones manifestadas por la abogada Pilar Pérez Rojas de corregir y firmar cualquier documento necesario, las hermanas no cumplieron con lo estipulado en el plazo dado, lo que lleva a una situación crítica en el proceso legal.