En una revelación que ha conmocionado a la comunidad, se ha descubierto que el crimen organizado ha infiltrado las estructuras gubernamentales de Santo Tomás de los Platános. Las investigaciones han desentrañado vínculos entre altos funcionarios locales y La Familia Michoacana, una organización criminal que ha explotado la información proporcionada por las autoridades para extorsionar a los residentes. Los detalles emergentes muestran cómo se utilizaban recursos públicos para financiar actividades ilegales y cómo se manipulaba a las fuerzas policiales para proteger los intereses de la banda. Ambas figuras claves, María del Rosario "N" y Pedro Luis "N", enfrentan órdenes de aprehensión y están actualmente prófugos.
En un escenario turbulento, durante el otoño dorado del año 2021, comenzaron a surgir sospechas sobre la colaboración entre ciertos miembros del gobierno local y La Familia Michoacana. Esta organización criminal había establecido su presencia en distintos rincones del Estado de México, aprovechándose de la vulnerabilidad de la población. Las pesquisas realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arrojaron luz sobre cómo María del Rosario "N", presidenta municipal del período 2022-2024, y Pedro Luis "N", conocido como "Wicho" y elegido alcalde para el período 2025-2027, habían facilitado la labor delictiva de este grupo.
Los informes indican que estos individuos utilizaron datos confidenciales obtenidos del Ayuntamiento, incluyendo registros catastrales y listas de beneficiarios de programas sociales, para intimidar y extorsionar a los habitantes. Este acceso privilegiado incluso les permitió conocer la ubicación de familiares en el extranjero, lo cual fue utilizado para imponer cuotas periódicas sobre las remesas recibidas. Además, se reportó que Pedro Luis "N" estuvo involucrado en un secuestro con el propósito de favorecer políticamente a María del Rosario "N".
Tras asumir sus cargos, ambos continuaron ejerciendo presiones indebidas, reduciendo salarios a quienes no acataban sus decisiones y manteniendo reuniones secretas bajo la vigilancia de individuos armados. El día de la toma de protesta, Pedro Luis "N" logró escapar junto a su esposa en medio de un operativo denominado "Operación Enjambre", llevado a cabo por la FGJEM, la Guardia Nacional y la policía estatal. A pesar de contar con amparos legales, ambos se encuentran ahora en fuga y son objeto de intensas investigaciones.
Desde una perspectiva periodística, este caso subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia dentro de las instituciones gubernamentales. La infiltración del crimen organizado en espacios de poder representa una amenaza significativa para la seguridad y el bienestar de la sociedad. Es crucial que las autoridades actúen con celeridad y firmeza para desmantelar estas redes corruptas y restaurar la confianza pública en las instituciones. Este incidente también pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas preventivas más efectivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.