La ADRES ha identificado graves discrepancias en los datos proporcionados por las EPS al Ministerio de Salud. Estos hallazgos, respaldados por robustas herramientas estadísticas, muestran diferencias notables entre los reportes de suficiencia y los registros asistenciales obligatorios. Además, se ha detectado un incremento excesivo en la frecuencia de uso de servicios y tecnologías en salud, lo cual no se corresponde con los aumentos oficiales registrados.
El estudio realizado por la ADRES empleó series históricas de datos para analizar las tendencias esperadas en el uso de servicios y tecnologías en salud. Los resultados fueron sorprendentes. Se descubrió que los reportes de suficiencia de las EPS presentaban considerables variaciones respecto a los registros asistenciales RIPS, especialmente en los datos correspondientes a 2023. Esto sugiere que existe una falta de coherencia en los informes proporcionados por las EPS, lo que podría comprometer la exactitud del cálculo de la UPC.
Además, se observó un incremento desproporcionado en la base de suficiencia que no guarda relación con los registros oficiales en RIPS. Este desajuste es preocupante, ya que indica posibles irregularidades en la forma en que las EPS reportan sus actividades. La ADRES enfatizó que esta información se recopiló antes de las intervenciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud en algunas de las principales EPS del país.
Otro aspecto crítico abordado en el informe es la situación de los medicamentos. Se encontró que un 23% de los medicamentos reportados durante el periodo de estudio no contaba con información de ventas en SISMED, lo que equivale a más de $985.000 millones, representando el 11% del valor total reportado por las EPS. Esta falta de transparencia en los datos de venta de medicamentos plantea serias dudas sobre la integridad de los informes financieros en el sector de la salud.
Asimismo, se determinó que el valor total reportado sin autorización de comercialización válida superaba los $119.000 millones. Además, hubo incumplimientos en la regulación de precios de medicamentos en más de 2,5 millones de registros, lo que resultó en pagos excesivos de $138.000 millones. Estos hallazgos subrayan la urgente necesidad de mejorar la supervisión y control en el manejo de medicamentos dentro del sistema de salud colombiano.
La ADRES no solo identificó sesgos e incrementos atípicos en los datos, sino que también propuso medidas concretas para depurar la información. El objetivo central de este ejercicio fue proporcionar al Ministerio de Salud criterios de validación de bases de datos para soportar decisiones en la fijación de los valores de la UPC. Estas propuestas incluyen el diseño y aplicación de reglas de depuración basadas en el comportamiento de grupos de datos y su correspondencia con parámetros esperados.
Es crucial destacar que estas acciones buscan evitar la eliminación indiscriminada de todas las EPS y centrarse únicamente en los registros anómalos. De esta manera, se busca garantizar la integridad y precisión de los datos utilizados para calcular la UPC, asegurando así un sistema de salud más transparente y eficiente.