En un contexto de cambios legislativos significativos, el Inegi se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades. La institución seguirá realizando mediciones cruciales, aunque su capacidad para evaluar políticas sociales dependerá de las futuras regulaciones secundarias que definirán su papel.
El Inegi mantendrá su compromiso con mediciones esenciales, incluyendo la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información (Endutih) en colaboración con la Agencia de Transformación Digital. Además, la medición de la pobreza multidimensional continuará utilizando la misma metodología establecida por el Coneval, garantizando consistencia y precisión en los datos.
Esta continuidad asegura que los estudios demográficos y económicos siguen siendo relevantes y útiles para la formulación de políticas públicas. La transición implica un ajuste operativo, pero no altera la calidad o rigor de los métodos empleados.
Con la integración de funciones previamente asignadas al Coneval, el Inegi asume nuevas responsabilidades. Este cambio requiere adaptarse a un marco legal en evolución, donde la autonomía del instituto sigue siendo fundamental. La capacidad de responder a las necesidades de evaluación social dependerá de las modificaciones legales que puedan surgir.
La relación entre el Inegi y el Coneval ha sido estrecha, facilitando la transferencia de conocimientos y herramientas. Esta sinergia permitirá que el Inegi adopte eficazmente las tareas de medición multidimensional, manteniendo la integridad y confiabilidad de los resultados.
La absorción de personal especializado del Coneval representa un paso importante para fortalecer el equipo del Inegi. Este proceso ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, como con expertos en inflación del Banco de México. La incorporación de talento altamente calificado promete mejorar la capacidad del instituto para abordar retos estadísticos complejos.
Esperar las regulaciones secundarias será crucial para determinar cómo se llevará a cabo esta integración. Sin embargo, la experiencia previa sugiere que la adaptación será fluida y beneficiosa para ambos organismos involucrados.
Irene Levy, presidenta de Observatel y especialista en telecomunicaciones, destaca que los organismos autónomos se encuentran en un estado de incertidumbre debido a la falta de leyes secundarias. A partir de la publicación de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación, estas regulaciones deben estar listas en 90 días, plazo que concluye en marzo.
Este limbo legal afecta no solo al Inegi, sino también a otras instituciones como el IFT, que rendirá cuentas a la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Telecomunicaciones (SCIT), además de fusionarse con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). El caso del Inai, ahora parte de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, ilustra cómo estas transformaciones pueden generar conflictos de interés y desafíos estructurales.
Las decisiones apresuradas para desaparecer los organismos autónomos han dejado una huella en su funcionamiento. Enfrentar este entuerto requerirá un enfoque cuidadoso y equilibrado por parte del gobierno. La importancia de las estadísticas y la evaluación social no puede subestimarse, y su papel en la toma de decisiones debe mantenerse intacto.
Para asegurar la continuidad y relevancia de estas mediciones, es vital que las autoridades garanticen un marco legal sólido y transparente. Esto permitirá que instituciones como el Inegi continúen proporcionando datos precisos y confiables, fundamentales para el desarrollo y bienestar de México.