Por ejemplo, en el caso de la construcción de la Línea 12 del Metro, la constructora CARSO Infraestructura y Construcción S.A de C.V., propiedad de Carlos Slim, no fue sancionada pese a su responsabilidad en la tragedia. Y, los Larrea (Grupo México), a quienes se les ha eximido de reparar el daño ambiental al Río Sonora hace 10 años con sus proyectos mineros.
Así, al desaparecer el CONEVAL, se pierde la posibilidad de evaluar objetivamente la política social, que es la columna vertebral de la llamada 4T. Y, se limitan las posibilidades de mejorar la asignación de recursos a los estratos más empobrecidos.
De esta manera, se sustrae la capacidad de regular y controlar a grandes empresas con prácticas monopólicas y oligopólicas. Y, las negociaciones con las élites económicas y los consorcios mediáticos llevan a una nueva repartición de rentas y beneficios mutuos.
Además, al atomicar las funciones revisoras del INAI y alojarlas en cada poder público, se crea la posibilidad de que cada poder negue la información. Y, si se siente inconformado, se tiene que ir ante un órgano interno de ese mismo poder para pedir que se revise la negativa.
Además, el único poder verdaderamente autónomo que quedará en pie, las Fuerzas Armadas, es el más reacio a la transparencia y cualquier control civil. Y, la opacidad beneficia a los empresarios cercanos al gobierno, creando una nueva casta económica.
Con esta reforma destructiva en curso, se garantizan la discrecionalidad en la relación con los poderes económicos y mediáticos, la opacidad sobre vastas parcelas de la vida pública y la manipulación estadística de los impactos de la política social. Y, el otoño de 2024 se perfila como un momento crucial para la democracia mexicana.