El gobierno autonómico de Galicia ha instado al Ministerio de Transportes a establecer un canal efectivo de comunicación para abordar asuntos relacionados con las infraestructuras del país. La posible reubicación de varios trenes rápidos del Eje Atlántico hacia Cataluña ha generado inquietud entre las autoridades gallegas, especialmente por la alta demanda en la línea Vigo-A Coruña. El presidente Alfonso Rueda ha expresado su desacuerdo con esta medida y ha prometido tomar acciones para prevenir su implementación. Además, ha subrayado la necesidad de mejorar los servicios ferroviarios en Galicia debido a la creciente demanda y la saturación actual.

La propuesta de trasladar convoyes del Eje Atlántico a Cataluña ha sido particularmente controvertida. Según diversas fuentes, se planea mover hasta seis unidades S-121 a la región catalana, lo que podría mermar significativamente el servicio en Galicia. Estos trenes, aunque diseñados para operar en diferentes vías, son actualmente utilizados en una única configuración en Galicia. Esta situación contrasta con otras rutas donde estos trenes podrían tener mayor utilidad. Los funcionarios gallegos argumentan que este cambio sería perjudicial para sus ciudadanos y consideran que responde más a compromisos políticos que a necesidades operativas.

El malestar no se limita a las autoridades regionales. Usuarios, trabajadores ferroviarios y líderes políticos han manifestado su preocupación ante esta posible redistribución. La información inicial proviene de un documento filtrado por Manel Nadal i Ferreras, secretario de Movilidad y Transportes de Cataluña, quien detalla la incorporación de 14 unidades S-121 para servicios en esa comunidad. Este anuncio ha desencadenado una ola de críticas y debates sobre la equidad en la distribución de recursos ferroviarios entre las diferentes comunidades autónomas.

A pesar de las afirmaciones de que no hay planes para transferir estos vehículos, tanto el Ministerio de Transportes como Renfe niegan cualquier intención de realizar dicha movilización. Sin embargo, estas negaciones no han calmado las aguas, ya que no se han ofrecido explicaciones claras sobre los motivos operativos ni se han anunciado planes para aumentar el parque móvil en Galicia. A medida que la demanda de transporte ferroviario aumenta, especialmente con la introducción de bonos gratuitos, es evidente que se requieren soluciones urgentes para mejorar la capacidad y calidad del servicio en la región.

En respuesta a esta controversia, se espera que Galicia continúe presionando por un diálogo abierto y constructivo con el gobierno central. La mejora de las infraestructuras y la eficiencia del transporte público es crucial para satisfacer las necesidades de los residentes y mantener la competitividad regional. Es fundamental que ambas partes encuentren un terreno común para garantizar que los intereses de todos los ciudadanos sean atendidos adecuadamente.