En enero de 2024, se estableció un criterio y procedimiento para facilitar el derecho de los pensionistas a reducir su base imponible del IRPF. Sin embargo, en diciembre de 2024, Hacienda modificó inesperadamente los términos de reclamación, dejando sin efecto las solicitudes pendientes y creando inseguridad jurídica entre los afectados.

Una Medida Arbitraria que Genera Incertidumbre y Perjuicio

El Proceso Original y sus Beneficios

Desde enero de 2024, se implementó un nuevo marco legal que permitía a los pensionistas ajustar su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este cambio reconocía el derecho de los pensionistas a minorar un porcentaje de su base imponible basándose en las cotizaciones realizadas a las antiguas mutualidades entre 1967 y 1978. Los años previos a 1967 permitían deducir el 100% de estas cotizaciones. Esta medida fue acogida con alivio por muchos, ya que proporcionaba una forma justa de corregir errores históricos en la tributación.Este proceso inicial fue diseñado para abordar las deficiencias legales identificadas por el Tribunal Supremo. Miles de personas presentaron reclamaciones durante los periodos impositivos de 2019 a 2022, siguiendo la jurisprudencia establecida. Estos cambios no solo beneficiaban a los pensionistas actuales sino también a aquellos que podrían haber fallecido, otorgándoles la posibilidad de recibir compensaciones adecuadas.

El Cambio Inesperado y sus Consecuencias

Sin embargo, en diciembre de 2024, la Agencia Tributaria introdujo modificaciones significativas al procedimiento original. Según la Disposición Final Décima Sexta de la Ley 7/2024, todas las solicitudes de devolución que no hubieran sido resueltas antes del 22 de diciembre de 2024 quedaron anuladas. Esta decisión abrupta ha obligado a los pensionistas a volver a presentar sus reclamaciones año por año entre 2025 y 2028, dentro de los plazos de presentación anual de la declaración del IRPF.Esta modificación ha creado una gran inseguridad jurídica y un perjuicio considerable para los pensionistas. Muchos de ellos, que ya superan los 80 años, deben ahora enfrentarse a un proceso prolongado y fragmentado. Además, esta medida ha generado un agravio comparativo entre los pensionistas, ya que algunos han recibido la devolución mientras que otros deben iniciar nuevamente el procedimiento. Esto introduce elementos de incertidumbre y demora, lo cual puede tener efectos muy negativos en la vida de estas personas y sus herederos.

Análisis y Evaluación del Impacto

CCOO ha solicitado información detallada sobre el número de pensionistas afectados, incluyendo los que han recibido pagos y los que aún esperan. También se pide información sobre la distribución territorial por provincias y tramos de edad, así como los importes totales ya pagados y los pendientes. El objetivo es evaluar el impacto económico y social de esta medida, incluyendo el coste por la demora y el fraccionamiento del pago.Los servicios jurídicos de CCOO están estudiando estos datos para medir el alcance del problema. La intención es analizar cómo esta situación está afectando a los pensionistas y cuáles serán las consecuencias económicas a largo plazo. Es fundamental que el Ministerio de Hacienda aborde este asunto de manera urgente y busque soluciones que corrijan la situación en el menor tiempo posible.

Llamado a la Acción

La necesidad de resolver este conflicto es inmediata. Las autoridades deben encontrar formas de simplificar y acelerar el proceso de reclamación para minimizar el impacto en los pensionistas más vulnerables. Se requiere una solución que garantice justicia y equidad para todos los afectados, evitando mayores complicaciones y demoras en el futuro. Es imprescindible que el Gobierno tome medidas concretas para corregir esta situación y restablecer la confianza en el sistema fiscal.