En un reciente desarrollo en Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, se ha revelado información comprometedora sobre la administración entrante y saliente. Los familiares del alcalde electo Pedro Luis “N” y servidores públicos detenidos han declarado que existían conexiones entre la alcaldía y una organización criminal conocida como La Familia Michoacana. Estas relaciones incluyen el uso indebido de recursos públicos y la entrega de datos personales para extorsionar a los ciudadanos.

Vínculos Entre Alcaldía y Crimen Organizado en Santo Tomás de los Plátanos

En el corazón del Estado de México, en el municipio de Santo Tomás de los Plátanos, se ha desencadenado una crisis política y legal. Según informes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), durante la gestión de María del Rosario, esposa del alcalde electo Pedro Luis “N”, se descubrieron vínculos preocupantes con La Familia Michoacana, una organización criminal originaria de Michoacán.

Los investigadores señalan que estos nexos implicaban el uso de fondos públicos para financiar actividades ilegales y la manipulación de la Policía Municipal para proporcionar protección a los criminales y alertarlos sobre operaciones policiales. Además, se facilitaba información personal de los habitantes, incluyendo detalles de registros catastrales y programas sociales, lo cual permitía a los miembros del cartel intimidar y extorsionar a la población.

Un aspecto particularmente alarmante es que los funcionarios proporcionaban información sobre cuántos familiares de los residentes vivían en el extranjero, utilizando esta información para imponer cuotas basadas en las remesas que recibían los ciudadanos.

Desde una perspectiva periodística, este caso resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos locales. Revela cómo la corrupción puede infiltrarse en instituciones clave y subvertir la confianza pública. Es crucial que las autoridades tomen medidas firmes para garantizar que tales prácticas no vuelvan a ocurrir y que se castigue a los responsables. Este escándalo también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y supervisión en las administraciones municipales.