En la región norte de México, especialmente en Coahuila, un problema creciente amenaza la estabilidad económica y la seguridad pública. Un organismo dedicado al desarrollo del comercio pequeño ha informado que el 90% de los establecimientos tradicionales enfrentan presiones por parte de grupos del crimen organizado para comercializar cigarros ilegales. Esta situación afecta no solo a los comerciantes sino también a la comunidad en general, poniendo en riesgo la salud y la economía local. Además, se observa una fácil accesibilidad a estos productos entre los jóvenes debido a su bajo costo, lo cual agrava aún más el impacto social.

La problemática de la venta de tabaco ilícito ha alcanzado niveles alarmantes en Coahuila, un estado reconocido por sus esfuerzos en materia de seguridad. En este contexto, las marcas no autorizadas, como Denver o Pitbull, representan un desafío significativo. Según Gerardo Cleto López Becerra, líder de una organización que promueve el comercio familiar, esta actividad ilegal genera extorsión y violencia, comprometiendo la tranquilidad de los residentes y fomentando otros delitos relacionados con el cobro ilegal. El fenómeno no es exclusivo de Coahuila, sino que se extiende a estados vecinos como Nuevo León y Tamaulipas, generando preocupación regional.

Uno de los aspectos más preocupantes es el acceso fácil que tienen los menores a estos productos. Las cajetillas ilegales se venden a precios mucho más bajos que las legales, facilitando su consumo y agravando el impacto en la salud pública. Mientras que un paquete legal puede costar hasta 86 pesos debido a impuestos, las versiones ilegales se ofrecen por tan solo 20 a 37 pesos. Este fenómeno no solo pone en riesgo la salud de los consumidores, sino que también genera un daño económico considerable para el país.

A nivel nacional, el comercio de cigarros ilegales tiene un impacto económico significativo. Un estudio independiente revela que el gobierno pierde anualmente miles de millones de pesos en ingresos fiscales debido a esta actividad. Esto reduce los recursos disponibles para financiar servicios públicos vitales. En respuesta, el Consejo para el Desarrollo del Comercio Familiar ha lanzado una campaña en Coahuila y otros estados del noreste para concienciar a los comerciantes sobre los riesgos de vender estos productos. A través de materiales educativos, los propietarios de negocios son informados sobre las sanciones graves que pueden enfrentar si participan en estas prácticas ilegales.

El liderazgo del Consejo ha instado a los comerciantes a proteger sus negocios y denunciar cualquier abuso o extorsión. La colaboración entre comerciantes, ciudadanos y autoridades será fundamental para combatir este problema. El objetivo es crear estrategias efectivas que fortalezcan la seguridad y la estabilidad económica en la región. Además, se busca educar a los comerciantes sobre cómo identificar las características de los productos legales, incluyendo pictogramas de advertencia sanitaria y códigos de seguridad oficiales.