En el estado de Massachusetts, se ha generado preocupación entre los inmigrantes que han obtenido licencias de conducir debido a temores sobre la posible divulgación de sus datos personales a autoridades federales. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles y funcionarios estatales han asegurado que la información proporcionada por estos conductores está protegida y no será compartida con entidades vinculadas a asuntos migratorios. A partir del 1 de julio, los residentes indocumentados podrán solicitar una licencia estándar sin revelar detalles sobre su situación legal.
A medida que se acerca la implementación de esta nueva ley, Laura Rotolo, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), ha destacado que las medidas de protección son robustas. "La normativa garantiza que la información relacionada con las licencias de conducir no sea transferida directamente a ICE ni a otras agencias involucradas en cuestiones de inmigración", explicó Rotolo. Estas garantías buscan aliviar los temores de quienes temen represalias o acciones legales basadas en su estatus migratorio.
Rolando Oliva, miembro activo de Cosecha, una organización clave en el impulso de esta legislación, enfatizó la privacidad de los datos. "Hemos trabajado arduamente para asegurar que tanto las compañías de seguros como otras entidades comprometidas respeten la confidencialidad de la información suministrada", afirmó. Este compromiso es fundamental para brindar tranquilidad a los solicitantes y fomentar la confianza en el proceso.
Colleen Ogilvie, directora del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts, reiteró este compromiso durante una conferencia de prensa celebrada un mes antes de la entrada en vigor de la ley. "Nuestro departamento no compartirá información de carácter migratorio con ninguna agencia federal", declaró Ogilvie. Esta declaración busca fortalecer la confianza pública en la integridad del sistema y en la protección de los derechos individuales.
Es crucial tener en cuenta que estas licencias emitidas bajo la nueva ley no equivalen a un Real ID y, por lo tanto, no serán válidas para viajes domésticos en avión o acceso a edificios federales después de mayo. Los titulares de estas licencias deberán obtener un pasaporte o un Real ID si planean utilizar estos servicios. La implementación de esta ley representa un paso significativo hacia la inclusión y el reconocimiento de los derechos de todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.