En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, la Contraloría General de la República ha anunciado el inicio de un nuevo servicio para recopilar información sobre las contrataciones realizadas por la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Este proceso se llevará a cabo durante el período 2023-2024. Además, desde agosto hasta diciembre de 2024, la Contraloría emitió más de 36,000 alertas relacionadas con diversas situaciones adversas identificadas en actividades de gestión pública. Estas alertas fueron comunicadas a través de casi 20,000 informes de control simultáneo, afectando principalmente a sectores como Educación, Transportes y Salud.
Desde el 3 de enero de 2025, la Contraloría General de la República ha iniciado una exhaustiva revisión de los procesos de contratación de personal para la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, correspondiente al periodo 2023-2024. Esta medida tiene como objetivo principal recopilar datos que permitan verificar si estas contrataciones se han realizado conforme a la normativa vigente. En un esfuerzo por promover la transparencia y eficiencia en la gestión pública, este servicio busca asegurar que los recursos del Estado sean utilizados de manera correcta y responsable.
Durante el último semestre de 2024, la Contraloría emitió un total de 36,199 alertas debido a diversas situaciones adversas detectadas en las actividades de gestión pública. Estas alertas se distribuyeron entre entidades gubernamentales nacionales, regionales y locales, siendo comunicadas a través de 19,569 informes de control simultáneo. Los sectores más afectados por estas observaciones incluyen Educación, Transportes, Salud, Saneamiento, Ambiente y Comunicaciones.
La Contraloría reafirma su compromiso con la transparencia y la integridad en la administración pública, contribuyendo así a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones estatales.
Desde una perspectiva periodística, esta iniciativa de la Contraloría es un paso significativo hacia una mayor rendición de cuentas en el sector público peruano. Al poner especial énfasis en la verificación de los procesos de contratación, la Contraloría no solo está garantizando el cumplimiento de las leyes, sino también fomentando una cultura de transparencia y responsabilidad. Esto puede tener un impacto positivo en la percepción pública de las instituciones gubernamentales, mejorando la confianza de los ciudadanos en su gobierno.