El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha emitido una resolución que requiere a la empresa pública responsable de Mexicana de Aviación entregar los documentos relacionados con el arrendamiento de aviones. Estos incluyen contratos con Petrus Aero Holdings y otras compañías involucradas en este proceso. La decisión se basa en la naturaleza pública de estos documentos desde su creación, desestimando argumentos de reserva por parte de GAFSACOMM debido a un litigio en curso en Estados Unidos. Este fallo refuerza la obligación de transparencia en el uso de recursos públicos y destaca la importancia de la divulgación oportuna de información relevante.
La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas presentó argumentos convincentes sobre la inaplicabilidad de la reserva para estos contratos. Aseguró que, aunque existe un juicio en tribunales estadounidenses contra Mexicana de Aviación, los acuerdos en cuestión se firmaron antes de cualquier controversia legal. Además, no contienen detalles específicos del procedimiento judicial vigente. Según la Ley Federal de Transparencia, estas empresas deben proporcionar acceso público a dichos documentos para garantizar la claridad en las operaciones gubernamentales y el uso eficiente de fondos estatales.
Este caso ha generado interés entre expertos en aviación y consultores legales. Juan Carlos Machorro, socio de Santamarina & Steta, señaló que GAFSACOMM había firmado inicialmente un contrato con Petrus Aero Holdings, una empresa aparentemente controlada por inversionistas mexicanos, para obtener aviones B737. Sin embargo, esta transacción fracasó, llevando a GAFSACOMM a buscar alternativas con otros fabricantes como Embraer. Posteriormente, Petrus Aero Holdings interpuso una demanda contra Mexicana de Aviación en Nueva York, reclamando más de 838 millones de dólares en compensación por incumplimiento contractual.
Carlos Torres, especialista en aviación, explicó que en 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) intentó iniciar operaciones en Mexicana de Aviación mediante la contratación de servicios de SAT Aero Holdings. El objetivo era adquirir 10 aviones a través de una arrendadora, pero la falta de pagos correspondientes frustró este plan. Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, agregó que, aunque la demanda sigue vigente en Estados Unidos, es posible que haya avanzado hacia un acuerdo privado debido a la confidencialidad típica en estos casos.
La resolución del INAI subraya la necesidad de transparencia en todas las etapas de las negociaciones y operaciones gubernamentales. Al ordenar la entrega de los contratos de arrendamiento, el instituto reafirma su compromiso con la rendición de cuentas y la protección de los intereses del público. Este paso crucial contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones públicas y promueve prácticas más abiertas y responsables en el manejo de recursos estatales.