En un proceso judicial de gran relevancia, los 23 acusados del caso Purga han presentado sus argumentos durante tres días intensivos. Este caso ha centrado su atención en cuestionar la veracidad de las declaraciones de Mayra Salazar, quien fue clave en otro caso de corrupción. Los abogados defensores argumentaron que los datos proporcionados por Salazar son falsos y que ella recibió pagos para montar el caso. A pesar de estas alegaciones, el juez Javier de la Cadena declaró la validez del proceso y dio paso al anuncio de pruebas. El fiscal Wilson Toainga anunció que llamará a varios testigos para esclarecer cinco eventos de corrupción judicial identificados.
En una sala de audiencias repleta de tensión, los acusados, entre ellos el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Guayas Fabiola Gallardo, se enfrentaron a las acusaciones presentadas por la Fiscalía. Durante estos días, los defensores pusieron en duda la información proporcionada por Mayra Salazar, una figura central en el caso Metástasis, quien firmó un acuerdo de cooperación eficaz y ofreció detalles cruciales sobre una red de corrupción que operó en el sistema judicial de Guayas entre 2022 y 2023.
Los letrados argumentaron ante el tribunal que los datos entregados por Salazar eran falsos y que había recibido compensaciones financieras para construir el caso Purga. Al finalizar sus intervenciones, solicitaron al juez que dictara sobreseimiento. Sin embargo, el magistrado Javier de la Cadena ratificó la validez del proceso y permitió el avance hacia el anuncio de pruebas.
El fiscal Wilson Toainga adelantó que convocará a policías, peritos y otras figuras relevantes para aportar testimonios sobre los cinco episodios de corrupción judicial identificados por la Fiscalía. Entre los citados están María Josefa Coronel, Ricardo Noboa, Elcy Celi y Yanina Villagómez. Toainga reiteró su petición para que todos los acusados sean llevados a juicio y juzgados por delincuencia organizada.
Desde la perspectiva de un periodista, este caso destaca la importancia de la transparencia y la integridad en el sistema judicial. La controversia en torno a las declaraciones de Salazar pone de manifiesto la necesidad de garantizar que todas las evidencias sean rigurosamente evaluadas y que los procesos judiciales se realicen con total imparcialidad. Este caso también subraya la lucha constante contra la corrupción institucional y la importancia de proteger la confianza pública en las instituciones legales.