La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha expresado su descontento con el manejo de la política migratoria por parte del Gobierno central. Durante una conferencia de prensa, Sanz denunció que las autoridades nacionales no están proporcionando información crucial ni cumpliendo con sus responsabilidades en este ámbito. La falta de comunicación afecta directamente a los recursos y medidas implementadas por la ciudad para atender a los solicitantes de asilo. Además, destacó la disparidad en el trato entre diferentes comunidades autónomas, lo cual ha generado controversia y rechazo. En resumen, Sanz enfatizó la necesidad de mayor transparencia y colaboración para abordar eficazmente este tema de alta sensibilidad.
En un contexto marcado por tensiones políticas, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha lanzado severas críticas contra el Gobierno nacional. Aseguró que la administración central actúa de manera profundamente desleal en materia de migración, especialmente en cuanto a la falta de comunicación sobre el número de personas que podrían llegar a Madrid. Esta falta de información dificulta enormemente la planificación y la asignación de recursos por parte del ayuntamiento. Sanz también mencionó que desconocen detalles cruciales sobre los individuos que ya han llegado al cuartel de Arteaga en Carabanchel, incluyendo su destino posterior y el tipo de atención que reciben.
La vicealcaldesa también se refirió a informaciones sobre acuerdos del Gobierno para no repartir migrantes llegados a Canarias entre ciertas comunidades autónomas, como Cataluña y País Vasco. Sanz expresó su total rechazo a estas prácticas, argumentando que crean desigualdades injustas entre las regiones. "No es aceptable que se hagan distinciones arbitrarias para beneficiar a unos territorios en detrimento de otros", declaró, subrayando la importancia de un trato equitativo y transparente en la gestión migratoria.
En relación con los centros municipales de emergencia temporal para solicitantes de asilo, Sanz describió la situación como complicada debido a la demora en las citas para solicitar asilo. Los centros de las Caracolas y Mejía Lequerica operan al 100% de su capacidad, lo que refleja la presión constante sobre los recursos disponibles. Según Sanz, mientras el Ayuntamiento ofrece una respuesta inicial de emergencia, la competencia exclusiva en protección internacional corresponde al Gobierno de España, quien, según ella, no está respondiendo adecuadamente a las necesidades de estas personas. Esto ha llevado a un aumento significativo en el tiempo que los solicitantes de asilo permanecen en los centros, pasando de una media de 70 días a más de 130 días.
Finalmente, la vicealcaldesa insistió en que la solución a largo plazo requiere una mayor implicación y cumplimiento por parte del Gobierno nacional. Ha habido reuniones solicitadas al Ministerio de Migraciones sin obtener respuestas concretas. Sanz enfatizó que, aunque la ciudad ha aumentado su red de apoyo con nuevas instalaciones, la carga principal sigue siendo una responsabilidad estatal que debe ser abordada con urgencia y seriedad.