En Chiapas, un operativo de gran importancia se llevó a cabo. Según informó la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), 92 policías fueron detenidos por su presunta colaboración con el crimen organizado. Estos policías, de la Policía de Comitán de Domínguez, localidad en la frontera con Guatemala, intentaron impedir que las autoridades ejecutaran 25 órdenes de cateo en establecimientos vinculados al narcomenudeo. Esto demuestra la extensión del problema y la necesidad de tomar medidas radicales.
Además, se detuvieron 13 personas y se aseguraron dinero en efectivo y diversas drogas, incluyendo marihuana, cristal y cocaína. Esta captura de sustancias ilícitas es un claro indicio de la actividad del narcomenudeo en la región. La Fiscalía apunta que los policías filtraban información a grupos delictivos, facilitando sus operaciones. Esto es una grave amenaza para la seguridad pública y debe ser combatida de manera eficaz.
Los policías que intentaron impedir las operaciones de cateo no solo se vieron detenidos sino que también causaron obstáculos a la seguridad pública. Otros 30 personas fueron detenidas por atentados contra la paz, bloqueando vías de comunicación, agrediendo al personal de seguridad y destruyendo cámaras de videovigilancia. Estas acciones demuestran la intensidad de la violencia en la región y la necesidad de mantener una presencia firme de las fuerzas de seguridad.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ha asegurado que se mantendrá una postura de "cero impunidad" frente a los actos delictivos. Esto es una señal clara de que se tomará las medidas necesarias para combatir la delincuencia y restablecer la seguridad en la región. Sin embargo, la lucha contra el narcomenudeo es una batalla larga y difícil que requiere un esfuerzo conjunto de todos los sectores.
La violencia se ha recrudecido en la región fronteriza México-Guatemala, donde existe una guerra entre carteles mexicanos. Esta situación ha tenido un impacto significativo en la seguridad de la población y en la economía local. Los actos delictivos han causado daños materiales y afectado la confianza de los ciudadanos.
La Fiscalía está trabajando para identificar a los líderes de transportistas que podrían estar colaborando con grupos delictivos. Esto es una medida importante para detener la cadena de suministro y combatir la delincuencia en su origen. Sin embargo, esto requiere un esfuerzo coordinado de todas las instituciones involucradas.