La reforma al artículo 6º constitucional ha determinado el fin inminente para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los órganos locales garantes. Aunque estos entes desaparecerán, los derechos fundamentales seguirán siendo esenciales y requerirán nuevos mecanismos de garantía y protección. Dos caminos se presentan: diseñar un nuevo modelo colaborativo que promueva y proteja estos derechos y establecer medidas transitorias para evitar un vacío legal durante la transición.
Un Nuevo Modelo Colaborativo para la Transparencia
Con la disolución del INAI y los órganos locales garantes, surge la necesidad imperiosa de crear un sistema innovador que asegure, promueva y resguarde los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Este proceso debe ser liderado por los sujetos obligados, pero no puede realizarse de manera aislada. Es fundamental que los ciudadanos, como titulares de estos derechos, participen activamente en su diseño y desarrollo.
Este nuevo enfoque debe surgir desde una colaboración estrecha entre los titulares de los derechos y las autoridades encargadas de su protección. El ejemplo de Jalisco demuestra que cuando ambas partes trabajan juntas, se pueden lograr avances significativos en la transparencia y la rendición de cuentas. La participación ciudadana no solo fortalece la legitimidad del proceso, sino que también garantiza que las nuevas estructuras respondan verdaderamente a las necesidades y expectativas de la sociedad. Es crucial que este trabajo se realice de manera abierta y transparente, evitando decisiones tomadas a puerta cerrada que puedan comprometer la efectividad del nuevo sistema.
Garantizando los Derechos Durante la Transición
Mientras se desarrolla este nuevo marco, es vital implementar medidas provisionales para asegurar que los derechos no queden desprotegidos durante el período de transición. Los órganos garantes actuales tienen la responsabilidad de establecer mecanismos temporales que permitan a los sujetos obligados continuar garantizando y protegiendo estos derechos hasta que el nuevo sistema esté plenamente operativo.
Actualmente, hay señales preocupantes de que algunos sujetos obligados ya están descuidando sus responsabilidades en materia de transparencia, argumentando que estas instituciones van a desaparecer. Esta actitud representa un riesgo significativo, ya que podría llevar a un periodo de incertidumbre donde los principios del derecho de acceso a la información y protección de datos queden en segundo plano. Si no se toman medidas preventivas, podríamos enfrentarnos a un escenario donde los ciudadanos experimenten dificultades para acceder a la información pública o proteger sus datos personales. Por lo tanto, es imprescindible que los órganos garantes aún existentes tomen la iniciativa para evitar esta situación y proporcionar orientación clara a los sujetos obligados durante este tiempo crítico.