La billetera digital Chivo Wallet, lanzada en septiembre de 2021, enfrenta un destino incierto debido a múltiples problemas técnicos y la necesidad de reducir la participación gubernamental según el acuerdo con el FMI. Existen dos posibles escenarios: su venta a una empresa privada o su desmantelamiento completo. En ambos casos, se plantean dudas sobre la seguridad de los fondos e información de los usuarios.

Posibilidades de Privatización y sus Implicaciones

En el supuesto de que Chivo Wallet sea vendida a una entidad privada, surgen preguntas acerca del futuro de los recursos y datos de quienes aún utilizan esta plataforma. Expertos sugieren que, si bien podría mejorar la calidad del servicio, este proceso requiere transparencia y consentimiento previo de los clientes afectados.

Una privatización podría significar mejoras operativas, ya que empresas especializadas como Strike podrían asumir el control. Sin embargo, este cambio implicaría transferir tanto activos como responsabilidades. Según analistas, sería esencial obtener la aprobación explícita de cada usuario antes de cualquier movimiento de fondos o datos personales. Este paso resulta crucial para salvaguardar los derechos de los titulares de cuentas, especialmente considerando las fallas históricas de Chivo Wallet desde su puesta en marcha.

Alternativa de Desmantelamiento y Protección de Usuarios

Si se opta por descontinuar Chivo Wallet, la prioridad debe ser garantizar que los usuarios puedan recuperar sus fondos sin complicaciones. Este escenario requeriría una comunicación clara y anticipada para permitirles tomar medidas oportunas.

En caso de cierre definitivo, expertos en cumplimiento antilavado recomiendan informar con suficiente tiempo a los titulares de cuentas para que retiren sus recursos. Otra opción sería depositar los saldos pendientes en cuentas bancarias específicas creadas para tal fin. No obstante, esto plantea desafíos adicionales relacionados con la disponibilidad de fondos y el manejo de criptomonedas. Además, surge la preocupación de que no exista una institución estatal que supervise este proceso, lo cual podría comprometer la protección de los derechos de los usuarios frente a posibles irregularidades.