Medio año después de la firma del acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa, se ha generado un intenso debate sobre las implicaciones de este pacto. Los expertos señalan que este paquete de medidas avanza hacia un sistema confederal, lo que podría traer consigo una serie de desafíos significativos. Entre los principales problemas destacan la fragmentación de la Agencia Tributaria y el aumento de cargas administrativas para los ciudadanos. Este cambio afectaría directamente la eficiencia en la lucha contra el fraude fiscal y la gestión de datos fiscales.

Desafíos en la Gestión de Información y Lucha Contra el Fraude

La implementación de este nuevo modelo plantea serias dificultades en la gestión de información fiscal. La fragmentación de la Agencia Tributaria reduciría su capacidad para mantener bases de datos integradas, esenciales para la creación de borradores de declaraciones y programas de ayuda con criterios uniformes. Esta situación incrementaría las cargas indirectas para ciudadanos y empresas, al obligarlos a relacionarse con múltiples administraciones.

Además, la fragmentación comprometería la lucha contra el fraude, ya que la AEAT necesitaría seleccionar perfiles para sus labores inspectoras basándose en información dispersa. Esto restaría eficacia a los controles y aumentaría los riesgos de evasión fiscal. El experto Alberto García Valera advierte que un sistema integral es crucial para garantizar la efectividad en la supervisión de actividades económicas. En el actual marco, herramientas informáticas permiten detectar falsos no residentes, pero esta capacidad se vería limitada en un escenario descentralizado.

Implicaciones en la Recaudación y Administración Tributaria

El acuerdo también contempla la cesión de tributos a Cataluña, comenzando con el IRPF en 2026. Más allá de la pérdida de ingresos para el Estado, este traspaso generaría nuevos retos en términos de recaudación y administración. Las autoridades regionales enfrentarían limitaciones en cuanto a las medidas tributarias que pueden adoptar sobre bienes situados fuera de su territorio. Por ejemplo, la Agencia catalana no podría embargar cuentas bancarias localizadas en otras regiones.

Otro aspecto relevante es el impacto en acciones judiciales para el cobro de deudas y la recaudación durante el periodo voluntario de tasas. Estas restricciones podrían complicar el proceso de recuperación de impuestos adeudados y afectar el funcionamiento de ciertas prestaciones sociales. Además, el desfase temporal en los intercambios de información entre las distintas haciendas forales podría mermar la eficiencia general del sistema fiscal. En resumen, este cambio estructural requiere un análisis cuidadoso para evaluar sus efectos a largo plazo sobre la administración tributaria española.