Tras tres meses desde la devastadora tormenta que asoló la provincia de Valencia, las preguntas sobre lo ocurrido siguen sin respuesta. El fatídico 29 de octubre dejó un saldo trágico de 224 víctimas mortales y tres desaparecidos, principalmente en la zona cero, donde se encuentra el barranco del Poyo. La falta de alertas oportunas por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha sido uno de los puntos más controvertidos. Recientemente, el presidente de la CHJ admitió haber interrumpido la comunicación con Emergencias de la Generalitat durante momentos cruciales, lo que ha reavivado las críticas hacia este organismo.

Detalles de la Tragedia y la Falta de Comunicación

En una tarde de finales de octubre, el barranco del Poyo, que atraviesa varios municipios de la provincia de Valencia, se desbordó con fuerza inusitada. Según denuncias, la CHJ no proporcionó información crítica sobre el aumento del caudal cuando era más necesario. Miguel Polo, presidente de la CHJ, reconoció en una reunión celebrada el 19 de diciembre de 2024 que la organización había cortado la comunicación con Emergencias de la Generalitat entre las 16:13 y las 18:43 horas del día de la tragedia. Este apagón informativo tuvo consecuencias fatales, ya que la crecida del río alcanzó velocidades alarmantes, llegando a 1.686 metros cúbicos por segundo para las 18:43.

A pesar de las señales de alarma tempranas, la atención estaba puesta en otros problemas, como la posible rotura de la presa de Forata. La CHJ también fue criticada por no abordar la situación crítica del Poyo en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI). Además, muchas obras previstas para mitigar riesgos de inundaciones en barrancos como el Poyo no se habían ejecutado, lo que aumentó la vulnerabilidad de la región.

El propio Polo, quien no compareció ante la comisión de investigación del Ayuntamiento de Valencia, culpó recientemente a la Generalitat por la falta de acciones preventivas. Sin embargo, su declaración ha sido vista como una estrategia para desviar la responsabilidad.

Desde el Gobierno valenciano, se ha enfatizado que la CHJ no cumplió con su deber de informar oportunamente sobre la crecida del caudal en los barrancos de la cuenca del Júcar. Esta falta de coordinación y comunicación efectiva ha llevado a graves consecuencias, y las autoridades continúan buscando respuestas claras.

Este incidente subraya la importancia de la transparencia y la colaboración entre instituciones gubernamentales durante situaciones de emergencia. La tragedia del 29 de octubre en Valencia nos enseña que la eficacia de los sistemas de alerta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es crucial mejorar los protocolos de comunicación y asegurar que todos los organismos estén bien preparados para enfrentar desastres naturales.