Un destacado empresario del sector inmobiliario en Mazatlán ha sido reportado como desaparecido, generando preocupación en la comunidad local. Las autoridades estatales han transferido el caso a la Fiscalía General para su investigación. La última vez que se vio al hombre de 65 años fue el jueves 9 de enero en las cercanías de la Marina Mazatlán. Este incidente ocurre en un contexto de creciente inseguridad en la región debido a conflictos entre grupos criminales.

Situación Actual de la Búsqueda

Las autoridades locales han remitido la investigación a instancias superiores para garantizar una mayor eficacia en la búsqueda. Aunque la Secretaría de Seguridad Pública no tiene información detallada, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha emitido una ficha para facilitar la localización del empresario. Esta medida busca agilizar los esfuerzos coordinados entre diferentes entidades gubernamentales.

La vocera de la SSPE, Verónica Hernández, indicó que ya se ha presentado una denuncia formal y que todas las acciones legales están en marcha. Sin embargo, hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre el paradero del señor Guzmán Gárate. Su familia y amigos esperan con ansiedad cualquier actualización que pueda conducir a su pronta localización.

Contexto Regional y Preocupaciones de Seguridad

Esta desaparición se produce en un período de inestabilidad en Sinaloa, marcado por enfrentamientos entre organizaciones delictivas. Desde septiembre, la región ha experimentado una escalada de violencia que ha afectado negativamente la tranquilidad ciudadana. Los residentes expresan su preocupación ante esta situación, que ha impactado significativamente en la vida cotidiana y económica de la zona.

El caso del empresario refleja la vulnerabilidad de la población civil frente a estos conflictos. Su experiencia en el ámbito inmobiliario lo convierte en una figura reconocida en la comunidad, lo cual aumenta la relevancia de su desaparición. La crisis de seguridad plantea desafíos importantes para las autoridades, quienes deben equilibrar la protección de los ciudadanos con la necesidad de mantener el orden público. Mientras tanto, la comunidad local espera que se tomen medidas efectivas para resolver este problema y garantizar la seguridad de todos sus miembros.