En noviembre pasado, el diario El Financiero reveló que la Consejería Jurídica Ejecutiva Federal (CJEF) había sido supuestamente hackeada por el grupo cibercriminal RansomHub. Estos hackers se apoderaron de 313 gigabytes de información confidencial, que abarcaba contratos, correos electrónicos, datos financieros y personales de funcionarios. Esto ha desatado una serie de preocupaciones y desafíos en términos de la seguridad cibernética.

"Descubre cómo el ataque a la CJEF pone en peligro la seguridad pública"

Primera Parte: La Extensión del Hackeo

Según la información disponible, RansomHub, un grupo con supuestos vínculos con Rusia y una red en varios países, ha amenazado con filtrar la información sustraída en la Dark Web el 25 de noviembre de 2024. Han dado un plazo de cinco días y 20 horas al gobierno mexicano para cumplir con la exigencia de pago de rescate. Esta situación ha elevatado la tensión y la preocupación por la seguridad de los datos robados.El CEO de la empresa de ciberseguridad Silikn, Víctor Ruiz, ha destacado la gravedad de la vulneración. No solo por la naturaleza de la información robada, sino también porque ha comprometido el sitio web del gobierno. Esto abre la puerta a que otras dependencias federales puedan ser atacadas, lo que agrava la situación en el sector público.

Segunda Parte: Los Datos Hackeados

La información hackeada incluye datos administrativos y personales muy sensibles. Esto es un problema adicional para el gobierno mexicano, ya que la exposición de tales datos puede tener consecuencias graves en términos de la privacidad y la confidencialidad de las personas involucradas. Además, RansomHub es conocido por su rapidez en liberar los datos robados, sin dejar margen para la negociación, como ocurrió en el caso del ciberataque al Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), donde se filtraron 2.2 terabytes de información poco después de que expirara el plazo para el pago. Esto demuestra la capacidad y la determinación de este grupo cibercriminal.

Tercera Parte: Las Consecuencias

El ataque a la CJEF no solo afecta a la seguridad de los datos, sino también a la confianza en el sistema gubernamental. Las personas pueden sentir inseguridad al saber que sus datos están expuestos y que un grupo cibercriminal puede amenazar con filtrarlos. Esto puede tener un impacto en la confianza de la población en el gobierno y en las instituciones públicas.Además, la necesidad de pagar un rescate para recuperar la información puede representar un costo económico significativo para el gobierno. Esto puede afectar los recursos disponibles para otras áreas prioritarias y agravar la situación financiera del país.En resumen, el ataque a la CJEF es una amenaza cibernética grave que requiere una respuesta rápida y eficaz. Los gobiernos y las empresas deben trabajar juntos para mejorar la seguridad cibernética y proteger la información confidencial de las personas.