El intendente Harvey Arellano Cerda, como jefe de operaciones de la Sipol en Bolívar, tenía acceso a información confidencial. Sin embargo, él se vio acusado de haber utilizado este acceso para entregar detalles de las operaciones y los movimientos de la fuerza pública al Clan del Golfo. Esto es una conducta muy grave que pone en peligro la seguridad pública y la confianza en la policía.
Según las pruebas presentadas, Arellano "aprovechaba su cargo" para acceder a los sistemas sin autorización. Esto demuestra una falta de ética y una falta de respeto por la ley. Su acción ha tenido consecuencias graves, ya que ha permitido a los líderes del Clan del Golfo evadir los operativos de la Fuerza Pública y proteger sus finanzas ilegales.
La Fiscalía ha llevado a cabo una investigación exhaustiva para establecer las responsabilidades en este caso. Han encontrado pruebas que demuestran que Arellano era el responsable de entregar la información al Clan del Golfo. Esto incluye detalles de las operaciones y los movimientos de la policía, lo que les ha dado una ventaja sobre la fuerza pública.
Además, el fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le ha imputado al intendente Arellano el delito de violación de datos personales agravado. Esta acusación es muy grave y refleja la gravedad de sus acciones. Ha violado la privacidad de las personas y ha puesto en peligro la seguridad de la comunidad.
Después de aceptar voluntariamente el cargo en su contra, un juez de control de garantías le ha impuesto medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. Esto es una medida preventiva para garantizar que no se escape y que pueda ser procesado judicialmente.
Estas consecuencias demuestran la gravedad de las acciones de Arellano y la importancia de respetar la ley y la privacidad de las personas. La sociedad espera que se den las justicias correspondientes y que se hagan esfuerzos para prevenir que esto vuelva a suceder.