La esposa del defensor de derechos humanos, Mabel Calderín, ha demandado a las autoridades información sobre el paradero de su esposo, Carlos Correa, quien ha estado desaparecido durante seis días. Acompañada por Raúl Cubas, cofundador de Provea, presentó una petición a la Defensoría del Pueblo para que actúe conforme a sus responsabilidades constitucionales y busque la liberación de Correa. Organizaciones internacionales también han expresado su preocupación y solicitan medidas inmediatas.

Un llamado insistente a las autoridades

Mabel Calderín ha utilizado todas las vías legales y humanitarias para rastrear a su esposo, incluyendo visitar centros de detención y presentar un habeas corpus. Sin embargo, hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta oficial. Calderín instó a la Defensoría del Pueblo y a otras entidades gubernamentales a cumplir con sus obligaciones y garantizar la seguridad y libertad de Carlos Correa. Ella enfatizó que su esposo es un hombre íntegro y no ha cometido ningún delito.

Tras seis días de incertidumbre, Mabel Calderín ha agotado todos los recursos disponibles para localizar a su esposo, Carlos Correa, quien fue llevado por individuos vestidos de negro desde su oficina en Caracas. La señora Calderín ha buscado en múltiples instalaciones penitenciarias sin éxito, y ha recurrido a mecanismos legales como el habeas corpus. A pesar de estos esfuerzos, sigue sin recibir respuestas concretas. En su visita a la Defensoría del Pueblo, Calderín exigió al defensor Alfredo Ruiz que intervenga y haga todo lo necesario para asegurar la pronta liberación de su esposo, subrayando que Correa es un ciudadano respetuoso de la ley y un defensor dedicado de los derechos humanos.

Solidaridad internacional y acciones legales

Organizaciones como Provea se han sumado a la causa, solicitando al ministro de Interior, Justicia y Paz que informe sobre el paradero de Correa. También han destacado que defender la libertad de expresión y los derechos humanos no debe ser considerado un crimen. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación legal de proteger a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y se espera que actúe rápidamente en este caso.

En vista de la situación crítica, diversas organizaciones internacionales han mostrado su preocupación y han solicitado la liberación inmediata de Carlos Correa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares debido a la gravedad y urgencia de la situación, reconociendo el riesgo de daño irreparable que enfrenta Correa en Venezuela. Raúl Cubas, representante de Provea, ha enfatizado que la Defensoría del Pueblo debe acompañar a las víctimas y esclarecer tanto el lugar de detención como las condiciones en las que se encuentra Correa. Además, ha reiterado que la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión no deben ser motivo de persecución o encarcelamiento.