En los últimos días, la preocupación ha aumentado en torno al paradero del periodista y activista hispano-venezolano Carlos Correa. Su esposa, Mabel Calderín, ha recorrido diversos centros de reclusión en busca de respuestas, sin éxito. La incertidumbre sobre el destino de Correa se extiende mientras organizaciones defensoras de derechos humanos exigen al gobierno una explicación clara. Acompañada por activistas y trabajadores de Espacio Público, Calderín acudió al Defensor del Pueblo para solicitar acciones concretas. Además, otros periodistas han sido detenidos recientemente, lo que refuerza las inquietudes sobre la libertad de expresión en Venezuela.
Desesperación y Acciones Urgentes en Búsqueda de Respuestas
En un ambiente de creciente tensión, Mabel Calderín, esposa del destacado periodista Carlos Correa, ha intensificado sus esfuerzos para localizar a su marido tras su misteriosa desaparición el pasado martes 7 de enero de 2025 en Caracas. Los intentos de encontrar información concreta sobre su paradero han llevado a Calderín y a varios activistas a visitar múltiples instituciones gubernamentales y penitenciarias, todas las cuales negaron tener conocimiento de su ubicación. En medio de este vacío informativo, Calderín y su equipo presentaron un recurso de habeas corpus y buscaron apoyo en el Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, solicitándole que interceda ante el Estado venezolano para obtener respuestas claras y garantizar la liberación de Correa.
El caso de Correa se enmarca en un contexto más amplio de represión contra la prensa y la disidencia política en Venezuela. Desde principios de enero, el Gobierno de Nicolás Maduro ha detenido a más de ochenta personas, incluyendo a otros periodistas como Leandro Palmar y Belices Cubillán, quienes fueron arrestados durante una manifestación en Maracaibo. Estos hechos han generado preocupación internacional y han puesto en evidencia la fragilidad de las libertades fundamentales en el país.
A pesar de especulaciones sobre la posible ubicación de Correa en el temido Helicoide, estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente. Lo que sí es claro es que la familia y los colegas de Correa continúan luchando incansablemente para asegurar su libertad y justicia, recordando los tiempos en los que Alfredo Ruiz, actual Defensor del Pueblo, colaboraba estrechamente con Correa en causas de derechos humanos.
Mientras tanto, otras figuras políticas y sociales también enfrentan situaciones similares. María Corina Machado, líder opositora, ha denunciado el secuestro y posterior liberación de su escolta Roalmi Cabezas, quien apareció en un video policial contradiciendo su versión inicial de los hechos. Este incidente ha añadido otro capítulo a la compleja dinámica política y social que vive Venezuela.
Desde una perspectiva más amplia, estos eventos subrayan la importancia de la libertad de expresión y el derecho a la información en cualquier sociedad democrática. El silenciamiento de voces críticas y el encarcelamiento injustificado de periodistas representan un grave peligro para la salud de cualquier nación. Es fundamental que las autoridades respeten estos principios fundamentales y actúen con transparencia para resolver estos casos pendientes.