La falta de respuesta a las solicitudes de información por parte de las administraciones españolas refleja una preocupante desatención hacia el derecho ciudadano. En un contexto donde la transparencia se promueve como un valor fundamental, la realidad muestra un claro desprecio hacia este principio. Este fenómeno es aún más inquietante cuando observamos que no existen consecuencias significativas para quienes incumplen estas obligaciones, lo que perpetúa un ciclo de impunidad.

En Latinoamérica, donde incluso se contemplan sanciones como arrestos, los ciudadanos encuentran difícil creer que un país como España, que presume de eficacia en la aplicación de la ley, permita tal situación. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre cómo mejorar el sistema español para hacer frente a estos incumplimientos. No se trata necesariamente de diseñar un régimen punitivo, sino de encontrar mecanismos efectivos que incentiven la rendición de cuentas.

Una medida que ha ganado amplio consenso en diversos foros es la implementación de multas coercitivas. Estas multas, distintas de las sanciones administrativas tradicionales, tienen como objetivo principal forzar el cumplimiento de las obligaciones legales. Su característica distintiva es que no requieren un procedimiento formal y burocrático, lo que las hace ágiles y eficientes. Al imponerse periódicamente hasta que se cumpla con la obligación, estas multas pueden llegar a ser insostenibles para el incumplidor, incentivándolo a actuar conforme a la ley.

Para garantizar la efectividad de este mecanismo, es crucial que las multas sean pagadas directamente por el patrimonio personal del responsable, y no por el presupuesto público. Solo así se asegura que el incumplimiento tenga un costo real para quien toma las decisiones. Además, estas multas son totalmente compatibles con otras sanciones administrativas, lo que permite un enfoque multifacético para abordar el problema.

Es importante destacar que la Ley estatal de transparencia debe prever estas medidas para que puedan ser aplicadas. Iniciativas como la Ordenanza de transparencia de Madrid y las leyes de Navarra y Valencia ya han dado pasos en esta dirección. La transparencia no solo fortalece la confianza ciudadana, sino que también promueve una gestión pública más responsable y eficiente, elementos clave para una sociedad justa y democrática.