Un juez encargado de una investigación ha solicitado a diversas instituciones financieras que proporcionen información detallada sobre los movimientos bancarios de la esposa del presidente del Gobierno español. Esta solicitud se extiende desde diciembre de 2019 hasta noviembre de 2024, afectando a cuentas identificadas por la Unidad Central Operativa (UCO). Además, el magistrado ha pedido a la sede del Gobierno un listado actualizado de las funciones desempeñadas en Moncloa, ya que la figura de "asesor" no fue suficientemente aclarada. También se han requerido registros de comunicación electrónica y detalles adicionales sobre programas académicos en los que participó Begoña Gómez.

El juez ha centrado su atención en las cuentas bancarias de la cónyuge del presidente del Ejecutivo, ordenando a las entidades financieras que faciliten datos completos sobre movimientos y saldos entre finales de 2019 y mediados de 2024. La UCO ha sido autorizada para solicitar toda la documentación necesaria relacionada con estas cuentas, incluyendo cualquier transacción realizada. Este examen minucioso busca esclarecer aspectos financieros que puedan arrojar luz sobre la investigación en curso.

Paralelamente, el juez ha solicitado a la administración gubernamental un nuevo organigrama de Presidencia junto con descripciones precisas de las responsabilidades de cada puesto. En respuesta a una solicitud previa, se observó que no existía ningún cargo titulado "asesor", lo que llevó a esta nueva petición para obtener una visión más clara de las estructuras internas y funciones específicas dentro del gobierno.

En relación con las actividades académicas y profesionales de Begoña Gómez, el juez ha requerido a la UCO que recopile información sobre correos electrónicos y llamadas telefónicas vinculadas a instituciones educativas y empresas patrocinadoras de programas en los que ella estuvo involucrada. Esto incluye interacciones con la Universidad Complutense y figuras empresariales como Carlos Barrabés. El objetivo es establecer conexiones claras entre sus actividades y posibles influencias externas.

Finalmente, se ha decidido no citar como investigada a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, pero se le ha solicitado a la UCO que presente un informe detallado sobre sus comunicaciones. Además, se ha convocado a Elvira Sánchez Trompeta, exjefa del régimen administrativo y económico del Ayuntamiento de Madrid, para declarar como testigo en enero próximo. Estos pasos buscan profundizar en la comprensión de las relaciones y transacciones que rodean a la figura de Begoña Gómez.