En un movimiento significativo, Movimiento Ciudadano (MC) ha puesto en marcha una iniciativa llamada “Operación Transparencia” con el objetivo de salvaguardar los derechos informativos del público. La diputada federal Laura Ballesteros Mancilla ha exigido al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que resuelva 15 mil millones de solicitudes pendientes. Este esfuerzo se realiza ante la inminente desaparición del INAI, buscando asegurar que estas solicitudes no queden sin respuesta.

La preocupación surge debido a que el INAI está próximo a ser disuelto, lo que plantea dudas sobre el destino de las solicitudes de información presentadas desde el año 2002. Estas solicitudes fueron realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya función principal es proporcionar acceso a documentos oficiales. En este contexto, la diputada Ballesteros Mancilla destacó la urgencia de conocer el paradero de estos documentos, ya que son cruciales para garantizar la transparencia gubernamental.

Para abordar esta situación, MC ha decidido tomar medidas directas. El pasado 10 de enero, la diputada salió a las calles de Benito Juárez junto con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de proteger más de 15 mil millones de documentos que podrían perderse si el INAI desaparece. Según ella, el acceso a la información es un derecho fundamental de todos los ciudadanos mexicanos, y no permitirán que este derecho sea vulnerado.

Como parte de esta campaña, se están recolectando firmas de ciudadanos para presentarlas al INAI, instándolo a hacer públicos los documentos que actualmente están en riesgo. Esta acción busca presionar al instituto para que cumpla con su responsabilidad de proporcionar transparencia y acceso a la información antes del 25 de enero.

Esta movilización social refleja la importancia que tiene el acceso a la información para la democracia y la rendición de cuentas en México. A través de acciones como “Operación Transparencia”, se busca fortalecer los mecanismos que garantizan que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a estar informados sobre asuntos de interés público.