Un mes después del trágico incidente que llevó a la muerte de Mía, una niña que cayó desde un balcón durante una actividad escolar en un hotel, la familia y su abogado continúan luchando por obtener respuestas claras. El letrado, Dr. Enrique Muller, ha expresado su frustración ante la falta de avances significativos en la investigación y la aparente falta de transparencia por parte de las instituciones involucradas. La familia busca desesperadamente entender las circunstancias que rodearon el fatal accidente y exige que se investiguen todas las responsabilidades institucionales.
Críticas al Sistema Judicial y Demanda de Información Transparente
El abogado de la familia ha denunciado la falta de información clara y los escasos avances en la investigación. Según él, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no ha proporcionado detalles sustanciales sobre las medidas tomadas o los progresos realizados. A pesar de múltiples solicitudes de información, solo han recibido un informe preliminar de autopsia que no aclara nada. Esta situación ha generado desconfianza y sospechas de ocultamiento de pruebas, lo que ha alimentado aún más las dudas de la familia y la sociedad.
Muller ha criticado duramente la actuación del MPA, acusándolo de obstaculizar el acceso a la información. En su opinión, el sistema acusatorio que debía garantizar transparencia ha quedado opacado por el oscurantismo. "Pareciera que el Estado está ocultando algo", afirmó. Además, ha puesto en duda el manejo del caso por parte de la Unidad Fiscal Gefas, encargada de la investigación. Ha señalado que mientras otros casos generan declaraciones públicas y avances, este caso permanece en silencio, lo que sugiere una falta de empatía hacia la familia afectada. Este silencio ha llevado a la familia a buscar justicia y respuestas a través de manifestaciones y reuniones con autoridades superiores.
Preguntas Sin Respuesta y Responsabilidades Institucionales
La muerte de Mía ocurrió en un entorno institucional y escolar, lo que plantea serias preguntas sobre las responsabilidades del Ministerio de Educación, la escuela y el hotel. El abogado ha insistido en la necesidad de investigar cómo estaba organizada la seguridad del lugar, qué medidas se tomaron para prevenir un hecho así y por qué la familia no tiene acceso al sumario administrativo en curso. Estas preguntas son cruciales para determinar si se cumplieron las normativas de seguridad y qué protocolos se activaron tras la tragedia.
Muller también ha destacado que la familia no busca indemnizaciones ni beneficios materiales, sino respuestas concretas. Ha enfatizado que si la investigación concluye que fue un suicidio, lo aceptarán, pero mientras sigan negándoles información, las dudas persistirán. Para lograr respuestas, el abogado ha acudido a diversas instancias, incluyendo al fiscal regional Jorge Nessier y al procurador general de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre. A pesar de estas acciones, la disposición inicial mostrada en reuniones no se ha traducido en acciones concretas. La familia sigue esperando que las instituciones garanticen justicia y transparencia en este caso.