El Ministerio de Salud ha tomado medidas significativas para asegurar la transparencia en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. En respuesta a una solicitud de información detallada por parte de la Procuraduría General, el Ministerio decidió recusar a dos altas funcionarias y solicitar la designación de nuevos representantes. Estos cambios buscan garantizar que las decisiones administrativas se tomen bajo los principios de objetividad e imparcialidad, evitando cualquier conflicto de intereses.

Recusación de Funcionarias y Garantía de Imparcialidad Administrativa

El Ministerio de Salud ha solicitado la recusación de Margarita Cabello y Diana Ojeda para evitar conflictos de interés en las actuaciones relacionadas con el cálculo de la UPC. Esta medida busca proteger la integridad del proceso y garantizar que todas las decisiones se ajusten al marco legal establecido. La entidad también pidió la designación de un Viceprocurador General y un Procurador Delegado ad hoc para supervisar estas acciones.

La decisión de recusar a las funcionarias surge luego de una solicitud formal de la Procuraduría General, que requirió información detallada sobre el método utilizado para calcular la UPC para 2025. El objetivo es asegurar que todo el proceso se realice de manera transparente y justa, sin comprometer la neutralidad administrativa. Según el comunicado emitido por el Ministerio, ambas funcionarias deben abstenerse de participar en cualquier actuación judicial o administrativa que pueda afectar la imparcialidad. Además, se enfatizó la importancia de cumplir con los plazos establecidos y proporcionar todos los documentos necesarios para respaldar el cálculo de la UPC, incluyendo bases de datos, actas de reuniones y análisis técnicos realizados por el equipo responsable.

Proceso de Cálculo de la UPC y Necesidad de Transparencia

La UPC es un elemento crucial para definir los recursos que el Estado transfiere a las EPS para la atención de usuarios en los regímenes contributivo y subsidiado. El Ministerio tiene hasta el 31 de diciembre para determinar este ajuste; de lo contrario, el incremento se regirá por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La Procuraduría destacó la necesidad de un cálculo adecuado basado en estudios técnicos y advirtió sobre las posibles afectaciones financieras y operativas que podría enfrentar el sistema de salud si no se cumplen las normas establecidas.

La Procuraduría solicitó una amplia gama de documentos que respalden el proceso de cálculo de la UPC, incluyendo análisis y recomendaciones del grupo técnico responsable, así como actas de reuniones y detalles sobre los ajustes metodológicos propuestos. También se pidió información sobre las discusiones sostenidas con las EPS y los posibles impactos derivados del estado actual del sistema de salud. El Ministerio reiteró su compromiso con los principios de transparencia y objetividad en todas sus actuaciones, subrayando que estas medidas son fundamentales para mitigar las crisis financiera y operativa que enfrenta el sector. El plazo otorgado para responder a esta solicitud venció el 24 de diciembre, lo que agrega urgencia a la necesidad de cumplir con todas las obligaciones legales y administrativas.