El 28 de diciembre, las autoridades federales de México anunciaron una operación que desarticuló a un grupo vinculado con Los Chapitos. Este movimiento se produce en medio del conflicto entre los hijos de Joaquín Guzmán y la facción rival Los Mayos. La detención de Juan Manuel Bernal Hernández, alias Drácula, junto con otros cuatro individuos, destapó el uso de centros de rehabilitación para ocultar miembros del cártel. Durante el operativo, ocurrido en Escuinapa, se incautaron armas, drogas y vehículos, además de producirse un enfrentamiento armado donde resultó herido un agente de seguridad.

Nuevas Revelaciones sobre Actividades Ilícitas en Centros de Rehabilitación

En un día neblinoso y cargado de tensión, el sábado marcó un hito significativo en la lucha contra el crimen organizado en Sinaloa. En este contexto, las autoridades ejecutaron un operativo meticulosamente planificado en el municipio de Escuinapa. El objetivo era intervenir en un edificio sospechoso donde se albergaban personas armadas. Tras obtener una orden judicial, los agentes federales y militares llevaron a cabo un cateo que culminó con la captura de Juan Manuel Bernal Hernández, conocido como Drácula, jefe local de Los Chapitos.

Drácula, subordinado a otro líder identificado como ‘El Güero Pink’, dirigía actividades ilegales que incluían tráfico de drogas menores, comercio de armas y control de precios en la pesca de camarón. Además, administraba centros de rehabilitación que servían como refugios clandestinos para miembros del cártel. La operación también resultó en la aprehensión de otras cuatro personas y la confiscación de varios tipos de armamento y sustancias ilícitas.

Este incidente se suma a dos ataques similares ocurridos en menos de 24 horas, lo que ha intensificado la preocupación por la seguridad en la región. Anteriormente, el 11 de diciembre, la Fiscalía de Sinaloa informó sobre el reclutamiento forzado de internos en cinco centros de rehabilitación. Un ataque posterior dejó 18 personas heridas, lo que eleva aún más las tensiones y revela la vulnerabilidad de estos establecimientos.

Desde la perspectiva de un reportero, este caso subraya la necesidad de fortalecer la vigilancia y regulación de los centros de rehabilitación. La utilización de estos lugares para propósitos criminales no solo compromete la integridad de las instituciones de ayuda, sino que también pone en riesgo la vida de los pacientes y el personal. Es crucial que las autoridades implementen medidas efectivas para prevenir abusos y garantizar la seguridad en estas instalaciones. Además, es evidente la importancia de una colaboración interinstitucional para combatir el crimen organizado de manera integral y sostenible.