El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso significativo en la mejora de la infraestructura vial de Castilla-La Mancha. A través del Boletín Oficial del Estado, se anunció oficialmente el proyecto de trazado para la variante de Fuente el Fresno en la carretera N-401, que conecta Ciudad Real con Toledo. Este importante desarrollo incluye una inversión estimada de casi 28 millones de euros y tiene como objetivo principal mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial en la región. La aprobación provisional del proyecto fue resuelta por el director general de Carreteras y declara la urgencia del mismo, lo que implica un proceso acelerado para la adquisición de bienes y derechos afectados. Los ciudadanos tendrán un plazo de treinta días hábiles para presentar observaciones.

En diciembre de 2024, la Dirección General de Carreteras tomó la decisión de aprobar de manera provisional el diseño del nuevo trayecto. Este proyecto, que forma parte de los esfuerzos continuos del gobierno para modernizar la red viaria nacional, contempla una inversión considerable. El presupuesto total, incluyendo IVA, asciende a 28.222.609,03 euros. Además, se ha declarado la necesidad de ocupar rápidamente los terrenos y propiedades necesarios para la ejecución del proyecto. Esta medida busca minimizar cualquier retraso y garantizar que las obras puedan comenzar lo antes posible.

La variante en cuestión, seleccionada tras un estudio detallado, recorrerá aproximadamente siete kilómetros al este de Fuente el Fresno. Este diseño fue elegido entre varias alternativas debido a su potencial para mejorar significativamente la circulación vehicular y reducir el impacto ambiental en la zona. En 2017, el Ministerio ya había aprobado el estudio informativo preliminar, sentando así las bases para este avance más reciente. La implementación de esta variante promete no solo facilitar el tránsito sino también contribuir al desarrollo económico local.

Una vez finalizado el periodo de información pública, el próximo paso será la aprobación definitiva del proyecto. Esto implicará la declaración de utilidad pública y la autorización para proceder con las expropiaciones y modificaciones necesarias. El proceso de consulta pública permitirá a los residentes y partes interesadas expresar sus opiniones y preocupaciones, asegurando que todas las voces sean escuchadas antes de la toma de decisiones finales. Con estas medidas, el gobierno busca garantizar que el proyecto cumpla con las expectativas de la comunidad y cumpla con los estándares de eficiencia y seguridad requeridos.