Con un voto contundente, la Comisión Permanente ha dado luz verde a una serie de modificaciones legislativas que buscan fortalecer los derechos de los consumidores en el ámbito financiero. Estas reformas, que actualizan leyes cruciales, introducen un procedimiento específico para corregir y regularizar información crediticia en las centrales de riesgo, ofreciendo un alivio significativo a millones de peruanos afectados por errores o retrasos en sus registros.

Fortaleciendo Derechos y Transparencia en el Sistema Financiero

Nuevos Artículos y Modificaciones Legales

El texto legislativo aprobado incorpora dos nuevos artículos a la Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros, así como modificaciones importantes en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Estas adiciones establecen un marco claro para la regularización de la información crediticia, garantizando que cuando un deudor pague su deuda pendiente y se ponga al día con sus pagos, la entidad financiera debe emitir una constancia de regularización dentro de los siete días hábiles y notificar este cambio a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).Este proceso es crucial para evitar que los consumidores sean penalizados injustamente debido a la falta de actualización de sus datos en las centrales de riesgo. La implementación de estas medidas busca reducir el tiempo de resolución de problemas relacionados con operaciones no reconocidas o fraudulentas, que antes podían tardar más de tres meses en ser rectificadas.

Impacto en la Vida Diaria de los Consumidores

La parlamentaria Guido Bellido Ugarte, secretario de la Comisión de Defensa del Consumidor, destacó que esta iniciativa responde a una problemática real que afecta a millones de peruanos. En muchos casos, los consumidores enfrentan dificultades económicas y morales debido a la falta de actualización de su información crediticia. Esta norma proporciona una solución inmediata a estos problemas, permitiendo que los consumidores recuperen rápidamente su reputación crediticia y eviten el estigma de estar en mora.Además, el congresista José Luna Gálvez subrayó que miles de peruanos han tenido su línea de crédito manchada durante períodos prolongados, lo que limita su capacidad para acceder a nuevos préstamos o servicios financieros. Con esta nueva ley, se espera que se ordene el abuso que ha ocurrido en el pasado, asegurando que aquellos que han cumplido con sus obligaciones puedan tener su historial crediticio limpio y actualizado.

Experiencias y Desafíos en la Implementación

Wilson Soto Palacios, otro legislador presente en la discusión, compartió su experiencia con consumidores que han tenido que pasar por un "vía crucis" para solicitar la eliminación de reportes incorrectos. Este proceso, que puede extenderse por meses, tiene un impacto grave en la confianza del sistema financiero hacia el consumidor. La nueva ley pretende acelerar este proceso, garantizando que los errores sean corregidos de manera rápida y eficiente, protegiendo así los intereses de los ciudadanos.En este contexto, la importancia de estas reformas no puede ser subestimada. Al fortalecer los mecanismos de protección y defensa del consumidor, se está sentando un precedente importante para mejorar la transparencia y la confiabilidad del sistema financiero peruano. Estas medidas no solo benefician a los individuos, sino que también contribuyen a un entorno económico más justo y equilibrado.

Aprobación Unánime y Próximos Pasos

Finalmente, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad estas propuestas legislativas en segunda votación. Antes de la votación, Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Parlamento, informó que la Junta de Portavoces había exonerado al dictamen del plazo de los 7 días calendarios, acelerando así el proceso de implementación. Esta decisión refleja el compromiso del gobierno con la protección de los derechos de los consumidores y la mejora continua del sistema financiero. Con estas nuevas disposiciones legales, se espera que los peruanos tengan mayor confianza en sus interacciones con instituciones financieras, sabiendo que sus derechos están mejor respaldados por la ley.