La Contraloría General de la República ha impuesto una sanción al actual presidente de Interconexión Eléctrica (ISA) y exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Andrés Carrillo Cardoso. La medida se tomó debido a su falta de reporte sobre la existencia de Providence and Kettlina Utilities Company S.A.S. E.S.P., empresa bajo su administración como agente especial. Además, se le acusó de no cumplir con los informes financieros requeridos en la Plataforma CHIP para el cuarto trimestre de 2022. Este incumplimiento fue considerado una violación a la normativa vigente, lo que llevó a la imposición de la sanción.
Proceso Administrativo Iniciado
El proceso administrativo contra Carrillo comenzó oficialmente con el Auto No. 005 del 5 de julio de 2024, emitido por la Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se inició un proceso sancionatorio fiscal debido a su presunta responsabilidad por no reportar la información financiera necesaria en la Plataforma CHIP, conforme a la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO). Este incumplimiento se consideró grave, ya que afecta la transparencia y rigor financiero requeridos.
Según la Contraloría, Carrillo, en su papel de gerente general de EPM, debía proporcionar información detallada sobre las actividades financieras de Providence and Kettlina Utilities Company S.A.S. E.S.P. durante el cuarto trimestre de 2022. Sin embargo, falló en hacerlo, lo que resultó en la apertura de este proceso administrativo. La sanción fue impuesta el 31 de diciembre de 2024, tras constatar que su actuación carecía de la transparencia y rigor financiero necesarios. A pesar de que Carrillo presentó recursos de reposición y apelación, estos aún están pendientes de resolución.
Contexto y Antecedentes del Caso
La sanción a Carrillo se basa en hechos ocurridos desde mayo de 2021, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de Providence and Kettlina Utilities Company S.A.S. E.S.P. En ese momento, se designó a EPM, representada por Carrillo, como agente especial encargado de gestionar esta empresa. La omisión en el reporte financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2022 fue identificada como una violación a la Resolución Orgánica 0035 del 30 de abril de 2020, específicamente en el artículo 20.
La Contraloría encontró que Carrillo no cumplió con la obligación legal de reportar la información financiera en la Plataforma CHIP, lo que constituyó una conducta contemplada en el literal g) del artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020. Esta falta de cumplimiento fue calificada como un acto que carecía de transparencia y rigor financiero, elementos esenciales en la gestión pública. La sanción implica un reconocimiento formal de esta negligencia y establece un precedente importante en cuanto a la importancia de la transparencia en la gestión empresarial estatal.