La situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo preocupante. En el año 2025, la organización no gubernamental Foro Penal ha informado que más de mil seiscientos ciudadanos están encarcelados bajo sospecha de actividades políticas. Estas detenciones se han producido principalmente tras las manifestaciones que siguieron a los comicios de julio. Entre estos individuos, cuarenta y tres personas continúan desaparecidas sin que sus familias tengan conocimiento de su paradero o estado actual.

Las cifras presentadas muestran una escalada alarmante en las privaciones de libertad. Hasta mediados de enero, se contabilizaban mil seiscientos ochenta y tres adultos y cuatro menores de edad entre los presos políticos. Este último grupo había sido prácticamente inexistente hasta diciembre cuando se registraron nuevas detenciones juveniles. A pesar de algunas liberaciones ordenadas por la fiscalía en diciembre, la mayoría de estas personas aún aguardan sentencia judicial.

El fenómeno de la desaparición forzada es uno de los aspectos más cuestionados por las organizaciones internacionales de derechos humanos. La falta de información oficial sobre el destino de estos ciudadanos genera gran preocupación y moviliza a diversas ONGs para exigir transparencia y justicia. Es fundamental que las autoridades respeten los principios del debido proceso y garanticen el derecho a un juicio justo para todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias políticas. Esta es una llamada urgente a la responsabilidad y al respeto por los valores democráticos y humanitarios.