La decisión judicial destaca la necesidad de claridad en las operaciones comerciales. La empresa ha proporcionado detalles durante el proceso de revisión que no fueron inicialmente compartidos con la parte demandante. Se explicó que, para garantizar la trazabilidad y cumplimiento de normas sanitarias, la mitad del ganado proviene de proveedores registrados ante la autoridad competente. Tras adquirir estos animales vivos, se procede a su traslado hacia instalaciones específicas donde se realizan los procesos necesarios para su posterior comercialización, asegurando que estas plantas cuenten con los permisos correspondientes.

El otro segmento de sus ventas se basa en adquisiciones ya procesadas. Un porcentaje significativo de la carne comercializada es comprada en forma de canales y cortes a establecimientos que tienen acuerdos previos con la compañía. Además, un menor porcentaje corresponde a piezas específicas obtenidas de proveedores individuales, siempre y cuando estos realicen los procesos de beneficio en las instalaciones autorizadas bajo convenio con la empresa.

Este caso refleja la importancia de mantener prácticas comerciales transparentes y responsables. Al garantizar que todos los proveedores y procesos cumplan con las regulaciones pertinentes, la empresa no solo protege su reputación sino que también contribuye al fortalecimiento de un mercado justo y seguro, beneficiando tanto a consumidores como a productores.