En Ciudad de México, el 05 de diciembre de 2024, se dio un escenario significativo en el caso de Diego N, exestudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Aunque el delito contra la intimidad sexual quedó acreditado, el juez Francisco Salazar Silva determinó que no existían elementos suficientes para responsabilizar al acusado. Esta resolución generó un gran debate y emociones entre diferentes colectivos.

La representación legal y la postura del juez

La abogada Valeria Martínez Mondragón, representante legal de las víctimas, explicó que aunque el juez reconoció la comisión del delito, no vinculó directamente a Diego N como responsable. "El juez no dictó un fallo condenatorio. Si bien se acreditó el delito, el juez considera que Diego no lo cometió. El juez determinó que no había elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de Diego", declaró. Esto desató una serie de reacciones y discusiones en la sociedad.

La reacción de colectivos feministas y defensores de los derechos digitales

La sentencia generó indignación entre colectivos feministas y defensores de los derechos digitales. La Asamblea Colectiva de Justicia Digital del IPN señaló que esta decisión judicial representa un acto de complicidad. "Esta sentencia no es justicia, es complicidad. A este juez, le decimos: usted tuvo la oportunidad de hacer historia, de enviar un mensaje claro contra la violencia digital, y la desperdició. Hoy, usted se convirtió en cómplice de quienes lucran con la dignidad de las mujeres", manifestaron integrantes del colectivo frente al Reclusorio Oriente, donde se desarrolló el juicio. Esto refleja la importancia que estos colectivos otorgan a la lucha contra la violencia digital y la defensa de los derechos de las mujeres.

El inicio del proceso judicial y las consecuencias

El proceso judicial en torno a Diego N comenzó en octubre de 2023, cuando estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Santo Tomás lo sorprendieron en posesión de una iPad que contenía cerca de 160 mil imágenes y 2 mil videos de contenido sexual, varios de ellos creados mediante inteligencia artificial. Tras la denuncia inicial, Diego N fue detenido, pero liberado 48 horas después debido a la falta de medidas cautelares por parte del Ministerio Público. Esto impulsó a las estudiantes a buscar apoyo en organizaciones y activistas, como Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, que tipifica los delitos de violencia digital y establece sanciones para quienes vulneran la intimidad sexual mediante medios tecnológicos.

Las acciones del IPN y la situación actual

El IPN también actuó al respecto y dio de baja definitiva al acusado el 16 de octubre de 2023. Posteriormente, agentes de la policía de investigación lo reaprehendieron tras un cateo en la alcaldía Álvaro Obregón. Desde entonces, Diego N ha permanecido en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, donde enfrenta múltiples carpetas de investigación por delitos similares. Además de las dos carpetas acumuladas en este caso, Diego N enfrenta seis denuncias más por delitos contra la intimidad sexual. Una nueva audiencia intermedia relacionada con uno de estos casos se llevará a cabo el próximo 9 de diciembre.

La perspectiva de la defensa y el futuro

La defensa de las víctimas planea apelar la sentencia absolutoria. Mientras tanto, Diego N permanecerá en prisión debido a otras investigaciones abiertas en su contra, incluida una por trata de personas en la modalidad de almacenamiento de pornografía infantil. "En tanto la apelación no se resuelva, Diego no va a quedar en libertad", aclaró Martínez Mondragón, quien subrayó que el proceso por pornografía infantil está próximo a juicio oral. Esto pone de manifiesto la complejidad del caso y las perspectivas futuras que se abren.