En un desarrollo inesperado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha admitido ante la justicia que eliminó datos de su teléfono móvil debido a la sensibilidad de la información contenida. Este acto se produce en medio de una investigación por presunta revelación de secretos relacionada con la filtración de información sobre el novio de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El caso también involucra a otros altos funcionarios judiciales y ha generado controversia por las tácticas empleadas durante la declaración judicial.
Detalles del Caso Judicial
El miércoles, en un ambiente cargado de tensión, García Ortiz compareció ante el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado. La sesión duró aproximadamente una hora y media y estuvo marcada por procedimientos poco convencionales. Desde el principio, la aparición de García Ortiz fue notoria: llegó acompañado por José Javier Huete, fiscal jefe del área penal del Supremo, y entró antes que otras partes, sentándose en estrados, algo inusual para un investigado. Además, mantuvo conversaciones con la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, lo cual es extremadamente raro.
La defensa de García Ortiz, representada por el Abogado del Estado, insistió en su cargo de fiscal general durante todo el interrogatorio. García Ortiz rechazó responder preguntas directas del juez Hurtado, acusándolo de sesgo preestablecido. En cambio, respondió solo a su propia defensa, negando cualquier participación en la filtración de información sobre Alberto González Amador, ni haber dado instrucciones a terceros para hacerlo. También desmintió que la filtración hubiera originado desde la Fiscalía General o la Fiscalía Provincial de Madrid.
García Ortiz justificó el borrado de su teléfono móvil argumentando que almacena datos que podrían afectar a instituciones estatales e internacionales, sugiriendo que era una medida legal conforme al reglamento de protección de datos de la UE. Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado, especialmente porque cambió de teléfono seis veces en cuatro años, incluyendo una ocasión apenas una semana después de ser imputado.
En su testimonio, García Ortiz insinuó que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien declaró como testigo hace dos semanas, podría haber tenido acceso a los correos electrónicos y posiblemente haber participado en la filtración. También criticó a la Junta de Fiscales de Sala, afirmando que la información contable de Maxwell Cremona no se filtró hasta su traslado a dicha junta.
Por último, expresó su descontento con la crítica mediática hacia Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, por su pasado en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Desde una perspectiva periodística, este caso destaca la complejidad y opacidad en las instituciones judiciales españolas. La conducta de García Ortiz, junto con las irregularidades en el proceso judicial, plantea serias dudas sobre la transparencia y la integridad del sistema. Este incidente subraya la necesidad de mayor claridad y responsabilidad en el manejo de información sensible, así como la importancia de garantizar que los procesos judiciales sean justos y equitativos para todos los involucrados.