Un reciente estudio llevado a cabo por las autoridades sanitarias ha evidenciado diversas anomalías en los datos proporcionados por las entidades encargadas de la prestación de servicios médicos. Este informe, realizado en noviembre del año pasado, destaca inconsistencias significativas que cuestionan la precisión y transparencia de la información utilizada para calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Entre los hallazgos más notables se encuentran aumentos inusuales en la frecuencia de ciertos servicios médicos, así como discrepancias en los registros de medicamentos y sus precios.
Detalles del Estudio y Sus Hallazgos
En un análisis exhaustivo efectuado durante el otoño dorado de 2024, el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) examinaron los datos presentados por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). El estudio reveló un aumento notable en la demanda de varios servicios médicos entre 2022 y 2023. Por ejemplo, la atención domiciliaria subió un 97,8%, mientras que la radiología experimentó un crecimiento del 79,7% y el laboratorio clínico del 77,9%. Otros servicios como urgencias, hospitalización y cirugía general también registraron incrementos considerables.
El informe resaltó que estos aumentos contrastan con una capacidad instalada prácticamente constante durante el mismo período. Además, los servicios relacionados con el cáncer mostraron un incremento del 53%, a pesar de que la incidencia de esta enfermedad solo crece alrededor del 4% anual. Otra preocupación es que el 3% de los medicamentos reportados no contaban con registro sanitario válido, y el 23% no estaban asociados con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed). Incluso, el 5% de los medicamentos superó los precios máximos regulados, generando un costo adicional de 138.000 millones de pesos al sistema.
Perspectivas y Reflexiones
Desde una perspectiva crítica, este informe plantea serias dudas sobre la metodología utilizada para calcular la UPC y sugiere la necesidad de una revisión profunda del sistema. Las recomendaciones incluyen implementar una metodología más robusta y realizar una depuración estricta de los datos para identificar y corregir inconsistencias. Además, el ajuste del 5,3% en la UPC para 2025 ha sido objeto de críticas, ya que parece insuficiente para cubrir las crecientes necesidades del sistema y afecta negativamente a otros actores involucrados. Es fundamental que el Gobierno, junto con los prestadores de servicios de salud, realice una estimación precisa de los costos operativos reales, teniendo en cuenta el incremento en la demanda de servicios y los crecientes costos asociados.
Este estudio nos invita a reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la precisión en la gestión de los sistemas de salud, especialmente cuando se trata de recursos tan valiosos como la salud pública. La implementación de medidas más rigurosas y transparentes será crucial para garantizar la eficacia y equidad del sistema médico en el futuro.