En un reciente desarrollo significativo, la administración municipal de Puebla ha enfrentado el desafío de abordar una serie de solicitudes de información heredadas. Según declaraciones de Laura Elizabeth García González, coordinadora de Transparencia y Gobierno Abierto, se han solucionado problemas relacionados con solicitudes no respondidas que datan de la gestión anterior. Este caso pone de manifiesto los esfuerzos continuos por mejorar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas.
En medio del otoño dorado, la ciudad de Puebla presenció un cambio significativo en su enfoque hacia la transparencia pública. Tras asistir a una reunión de la Comisión de Participación Ciudadana, la funcionaria municipal informó sobre la resolución de 45 solicitudes de acceso a la información que habían quedado sin respuesta durante la administración anterior. Estas solicitudes estaban principalmente relacionadas con bonificaciones otorgadas a los trabajadores al finalizar un período específico de gobierno.
Según explicó García González, aunque el gobierno anterior tenía un plazo de 20 días para responder a estas peticiones, decidió extender este plazo, lo que resultó en la transferencia de estas responsabilidades a la nueva administración. Sin embargo, bajo la dirección actual, todas las solicitudes pendientes fueron atendidas, revelando que las juntas locales habían autorizado estos pagos excepcionales.
La coordinadora también destacó que el Ayuntamiento de Puebla es uno de los más solicitados en términos de acceso a la información, recibiendo alrededor de 10 a 15 solicitudes diarias. Entre las consultas más comunes se encuentran las relacionadas con los perfiles profesionales de los regidores y funcionarios municipales. La actual administración ha asegurado que todas las peticiones realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia han sido atendidas puntualmente.
Desde la perspectiva de un lector, esta situación refleja la importancia de mantener altos estándares de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas. La rápida resolución de solicitudes pendientes demuestra un compromiso firme con la apertura y la eficiencia administrativa. Además, subraya la necesidad de establecer plazos claros y cumplirlos para garantizar la confianza del público en las instituciones gubernamentales.