La investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México revela conexiones preocupantes entre el gobierno municipal de Santo Tomás de los Plátanos y una organización criminal. Estos vínculos, que datan de la administración anterior, implican el uso indebido de recursos públicos y la colaboración con la Policía Municipal para facilitar actividades ilícitas. Además, se ha descubierto que los criminales obtenían información detallada sobre los residentes locales, incluyendo datos personales y familiares, lo cual les permitía extorsionar sistemáticamente a la población.

Corrupción en el Ayuntamiento: Un Caldo de Cultivo para la Delincuencia

El informe destaca cómo la administración pasada, liderada por María del Rosario, esposa del alcalde electo Pedro Luis "N", mantuvo estrechos lazos con la organización criminal La Familia Michoacana. Estos nexos no solo implicaron el uso indebido de fondos públicos, sino también la instrucción directa a las fuerzas policiales municipales para brindar protección y proporcionar información privilegiada a los miembros del cartel.

Las investigaciones han demostrado que durante su gestión, María del Rosario y Pedro Luis "N" ordenaban a la Policía Municipal acciones específicas para proteger a la organización criminal y mantenerla informada sobre las operaciones de las autoridades estatales y federales. Este comportamiento comprometió gravemente la seguridad de la comunidad y desvió recursos destinados al bienestar público hacia actividades ilegales. La corrupción institucionalizada creó un entorno propicio para que la delincuencia organizada operara sin obstáculos significativos.

Intimidación y Extorsión: El Impacto en la Comunidad

Los detalles emergentes muestran que la información personal de los residentes era utilizada de manera perversa. Los archivos del ayuntamiento, que incluían registros catastrales y listas de beneficiarios de programas sociales, fueron explotados para identificar a las víctimas potenciales. Esta información permitía a los criminales intimidar y extorsionar a los habitantes de manera sistemática.

En particular, se ha documentado que los criminales aprovechaban el conocimiento sobre los familiares de los residentes que vivían en el extranjero. Con esta información, imponían cuotas periódicas basadas en el monto de las remesas que estas familias recibían. Este método de extorsión añadía una capa adicional de presión y miedo a la comunidad, afectando negativamente tanto a los residentes locales como a sus seres queridos en el extranjero. La situación subraya la gravedad de la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales y su impacto devastador en la vida cotidiana de los ciudadanos.