En un esfuerzo conjunto para fortalecer la seguridad pública, las autoridades de Chiapas llevaron a cabo una operación que desactivó un sistema clandestino de videovigilancia en el municipio de Tonalá. Este dispositivo estaba siendo utilizado por individuos con fines delictivos, entre ellos extorsión y secuestro. La intervención involucró a diversas instituciones gubernamentales, incluyendo la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Policía Municipal. Durante esta acción, se inutilizaron 26 cámaras que habían sido instaladas en estructuras públicas clave.

El problema de la utilización indebida de tecnología de vigilancia no es nuevo en la región. Anteriormente, en enero, se llevó a cabo otra operación similar en los municipios de Frontera Hidalgo y Suchiate, donde se decomisaron 30 cámaras adicionales. Estos dispositivos eran empleados para vigilar rutas migratorias y monitorear actividades de las fuerzas de seguridad y grupos rivales. Según informes locales, sistemas parecidos han sido identificados en varias áreas de Chiapas, reforzando así el control territorial de grupos ilegales y facilitando sus operaciones con mayor precisión y eficacia.

La implementación de estos sistemas de vigilancia ilegítimos tiene múltiples propósitos estratégicos. Además de supervisar la presencia de autoridades y competidores, estas tecnologías sirven para intimidar a la población civil y consolidar el dominio criminal en zonas específicas. Las autoridades estatales subrayaron su determinación para desmantelar estas redes tecnológicas que amenazan la tranquilidad pública y violan la ley. El compromiso de las instituciones sigue firme en su lucha contra el crimen organizado, promoviendo un entorno más seguro y legal para todos los ciudadanos.