La Transparencia no es Opcional: Un Llamado Urgente a la Acción
Resultados de la Fiscalización Ordinaria
Las evaluaciones realizadas durante el año 2024 revelaron que varias subsecretarías no han cumplido con las obligaciones establecidas por la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública. De las 34 entidades examinadas, tres destacan por sus bajos niveles de cumplimiento, lo que afecta directamente el acceso ciudadano a datos cruciales. La fiscalización ordinaria evidenció que estas dependencias incumplieron en diversos ítems obligatorios, comprometiendo la transparencia y confiabilidad del sistema público.
La importancia de esta fiscalización radica en su capacidad para identificar áreas de mejora y asegurar que los servicios públicos cumplan con su deber de informar. Esta acción es crucial para fortalecer la democracia y promover una gestión pública más transparente y eficiente. Las deficiencias detectadas reflejan la necesidad urgente de implementar medidas correctivas para evitar sanciones y mejorar la confianza ciudadana.
Análisis de las Subsecretarías Evalúadas
La Subsecretaría de Turismo registró un nivel de cumplimiento del 74,56%, lo que significa que no publicó información relevante como su estructura orgánica, bonificaciones, cargos de elección popular o designación, mecanismos de participación ciudadana, presupuesto asignado y sus modificaciones, gastos de representación, protocolo y ceremonial, y sanciones impuestas por la Ley de Transparencia. Además, presentó desactualizaciones en actos y resoluciones con efectos sobre terceros, así como en la ejecución presupuestaria.
Por otro lado, la Subsecretaría de Derechos Humanos alcanzó un cumplimiento del 78,69%. Entre sus omisiones se encuentran la falta de publicación de su estructura orgánica, bonificaciones, cargos de elección popular o designación, contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, contratos formalizados por orden de compra, mecanismos de participación ciudadana, gastos de representación, protocolo y ceremonial, y sanciones impuestas por la Ley de Transparencia. También se observaron desactualizaciones en información sobre otras transferencias y ejecución presupuestaria, así como información incompleta sobre modificaciones presupuestarias.
Desafíos en la Subsecretaría de Culturas y Artes
La Subsecretaría de las Culturas y las Artes mostró un cumplimiento del 60,64%, siendo la más baja entre las evaluadas. Sus principales fallos incluyen la desactualización de información sobre bonificaciones, cargos de elección popular o designación, contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, otras transferencias, actos y resoluciones con efectos sobre terceros, subsidios y beneficios propios, nómina de beneficiarios, modificaciones y ejecución del presupuesto, gastos de representación, protocolo y ceremonial. Estas deficiencias ponen en tela de juicio la capacidad de la entidad para gestionar adecuadamente los recursos públicos y brindar información completa a la ciudadanía.
Es importante señalar que la Ley de Transparencia establece sanciones que van desde multas del 20% al 50% de la remuneración mensual bruta del infractor en caso de incumplimientos injustificados. Este marco legal busca incentivar la adopción de prácticas de transparencia activa y responsabilizar a los servidores públicos por sus acciones.
Compromiso con la Democracia y el Buen Gobierno
Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia, enfatizó que "la ciudadanía tiene derecho a acceder a información oportuna y completa sobre la gestión pública". Estas investigaciones son una señal clara de que la transparencia no es opcional, sino una obligación legal. Invita a las subsecretarías involucradas a corregir estas deficiencias rápidamente, reafirmando su compromiso con la democracia y el buen gobierno. La transparencia es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa.
En general, las fiscalizaciones realizadas este año detectaron incumplimientos significativos en materias críticas como presupuesto asignado y ejecución (63,03%) y adquisiciones y contrataciones (69,79%). Estos resultados resaltan la necesidad de reforzar la gestión de transparencia activa en estos organismos públicos, especialmente en áreas relacionadas con el uso de recursos públicos. La mejora en estos aspectos contribuirá a una mayor confianza ciudadana y a una administración pública más eficaz y responsable.