La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) dio a conocer recientemente que sufrió un hackeo de gran magnitud. Un grupo criminal con vínculos con Rusia logró acceder a sus sistemas y equipos de informática, robando un impresionante 313 gigabytes de información confidencial. Estos datos eran de vital importancia para la operación de la consejería y han desatado preocupaciones en todo el país.
Los responsables del hackeo amenazaron con liberar la información si no se les pagaba un rescate. Sin embargo, al no recibir el rescate solicitado, decidieron liberar la información de todos modos. Pero, a continuación, la misma fue restringida para proteger la privacidad y la seguridad de la nación.
En respuesta a este ataque, la Judicatura se mostró activa y presentó una denuncia ante la FGR. Esta acción demuestra la importancia de la justicia en la lucha contra los delitos informáticos y la necesidad de garantizar la seguridad de los sistemas públicos.
Además, la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso también tomó medidas significativas. Presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles actos constitutivos de delito. Esto muestra la determinación de la autoridad judicial en proteger el orden constitucional y la integridad de los sistemas estatales.
Después del ataque en contra de la Presidencia de la República, se tomaron medidas para actualizar las protecciones correspondientes. Estas actualizaciones son cruciales para evitar un ataque similar en el futuro y proteger a la nación de nuevas amenazas.
Los diferentes medios han señalado que el hackeo fue realizado por RansomHub, un grupo con fuertes vínculos con el gobierno ruso. Estos detalles han agregado más complejidad al caso y han despertado la curiosidad de la opinión pública.