El exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño, pidió a Germán Rodríguez Castiñeira que buscara los antecedentes policiales de los 69 diputados de Podemos. Esto causó un gran estallido, ya que Rodríguez Castiñeira se negó, alegando que era ilegal. Esta petición se convirtió en el punto de partida de una serie de eventos que han desatado una querella judicial.
Las fuentes jurídicas han explicado que Rodríguez Castiñeira se ha expresado así en su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional. Esto indica que la investigación está en curso y que se están buscando respuestas sobre la legalidad de la petición de García Castaño.
Rodríguez Castiñeira se enfadó mucho con la petición de García Castaño. Esto lo llevó a echarse marcha atrás y a asegurar que la misma era una broma. Sin embargo, las fuentes citadas indican que García Castaño no llegó a revelarle de quien venía la orden por encima de él. Esto ha dejado muchas preguntas sin respuesta y ha intensificado la investigación.
El exdirigente de la Policía solo ha contestado a la Fiscalía y a su defensa. Esto ha generado un debate sobre la transparencia y la responsabilidad de la Policía en este caso. ¿Qué estaba intentando ocultar García Castaño? ¿Quién dio la orden por encima de Rodríguez Castiñeira?
Podemos presentó una querella por varios delitos relacionados con la Policía. Estos incluyen delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. Además, se presentó una querella por malversación y por delito contra las instituciones del Estado.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal. Esto indica que la Policía estaba actuando de manera independiente y que no estaba sujetada a la supervisión judicial.
El objetivo principal de la querella era la filtración de información a los medios de comunicación. Esto se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" y la manipulación de documentos internos.
Estas actuaciones se llevaron a cabo con la colaboración de agentes policiales y aprovechándose de la condición de autoridad pública de Martínez. Esto ha generado un debate sobre la legitimidad de estas actuaciones y sobre la responsabilidad de los agentes policiales.