Doce estados han decidido tomar medidas legales contra la Administración Trump por otorgar acceso a información financiera y personal sensible a Elon Musk y su equipo en la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Los fiscales generales consideran que esta acción es ilegal e inaceptable, ya que permite el acceso a datos bancarios estatales y otros detalles privados. Además, existe preocupación por los posibles recortes en pagos federales aprobados por el Congreso y el impacto en programas vitales para los ciudadanos.
Acceso controversial a sistemas financieros sensibles
La controversia surge tras el permiso dado por el Departamento del Tesoro a DOGE para acceder a sistemas de pago que contienen información privada de ciudadanos estadounidenses. Doce estados liderados por Nueva York consideran esto como una violación de la ley. Los fiscales sostienen que el presidente no tiene el derecho de entregar información privada a quien desee y que estos accesos pueden poner en riesgo pagos cruciales para atención médica y cuidado infantil.
El conflicto ha llevado a doce estados a unirse para demandar al gobierno federal. Estos estados argumentan que la concesión de acceso a información privada sin justificación o proceso legal es inaceptable. La Oficina de Eficiencia Gubernamental, dirigida por Elon Musk, ha conseguido entrar en el sistema de pagos del Tesoro, lo cual genera temores sobre la manipulación de fondos destinados a programas esenciales. Esta situación pone en tela de juicio las decisiones tomadas por la administración actual y resalta la importancia de proteger los datos personales y financieros de los ciudadanos.
Restricciones impuestas y consecuencias de las acciones de DOGE
Ante la controversia, el Departamento de Justicia ha propuesto limitar el acceso de DOGE a información financiera confidencial del Tesoro. El acuerdo permitirá a dos empleados revisar la información en modo de solo lectura, asegurando que no puedan alterarla ni aprobar transacciones. Este paso busca mitigar los riesgos asociados con el acceso ilimitado a datos sensibles.
La decisión de limitar el acceso responde a la creciente preocupación sobre las actividades de DOGE bajo la dirección de Musk. Se alega que la oficina ha contratado a jóvenes ingenieros sin experiencia en instituciones gubernamentales, lo cual plantea dudas sobre su capacidad para manejar información delicada. Además, DOGE ha cerrado importantes agencias como USAID y cancelado contratos relacionados con equidad, diversidad e inclusión. Estas acciones tienen implicaciones significativas para la gestión pública y subrayan la necesidad de garantizar que las decisiones administrativas se tomen dentro de los marcos legales establecidos.