El conflicto entre el desarrollo inmobiliario y la protección ambiental se intensifica en la Sierra de San Miguelito. Un colectivo local, conocido como Guardianes de la Sierra, ha expresado su preocupación ante la decisión del organismo encargado del agua, Interapas, de clasificar información crítica relacionada con un proyecto inmobiliario como asunto de Seguridad Nacional. Esta medida impide el acceso a datos vitales sobre los tanques de almacenamiento de una presa importante y el plan urbanístico propuesto.

La controversia surge debido a la intención de desarrollar un ambicioso proyecto inmobiliario en una zona protegida. Este plan busca aprovechar 527 hectáreas dentro de las mil 805 que forman parte del Área Natural Protegida. Los defensores del medio ambiente argumentan que esta iniciativa amenaza seriamente la integridad del ecosistema y contradice las leyes de protección ambiental. Para combatir esto, Guardianes de la Sierra ha reactivado un recurso legal presentado en 2021, buscando anular un programa territorial que facilita el desarrollo urbano en áreas sensibles.

Los activistas han solicitado al actual gobierno municipal diversas informaciones técnicas y legales para respaldar su caso. Sin embargo, la directora jurídica de Interapas ha negado estas solicitudes bajo el argumento de que revelar dichos datos podría comprometer la seguridad nacional. Según ella, proporcionar esta información podría poner en riesgo la vida y salud de las personas, así como la infraestructura crítica relacionada con el suministro de agua. Esto ha llevado a un debate acalorado sobre si realmente existe una amenaza a la seguridad o si se trata de una táctica para ocultar actividades que podrían ser perjudiciales para el medio ambiente.

Este caso destaca la importancia de equilibrar el progreso económico con la protección del medio ambiente. Es crucial que las autoridades tomen decisiones basadas en el bienestar a largo plazo de la comunidad y la preservación de los recursos naturales. La transparencia en la gestión de proyectos que afectan áreas protegidas es esencial para garantizar que las acciones emprendidas sean justas y beneficiosas para todos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se utilizan sus recursos naturales y qué medidas se están tomando para protegerlos. Este es un llamado a promover prácticas sostenibles y responsables en el desarrollo urbano.