Un reciente desarrollo en la investigación relacionada con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha arrojado luz sobre las acciones y comunicaciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La documentación obtenida por Antena 3 Noticias sugiere que Rodríguez pudo haber estado al tanto de estrategias de defensa relacionadas con el caso de Alberto González Amador. Aunque Rodríguez niega cualquier conocimiento previo, los mensajes intercambiados indican una posible conciencia de los planes legales. El jefe de gabinete compareció ante el juez Ángel Hurtado junto a varios periodistas, enfrentándose a preguntas sobre sus comunicaciones y la veracidad de su testimonio. Estos hallazgos han planteado nuevas dudas sobre la transparencia del proceso.

La información proviene de una serie de mensajes enviados por la pareja de la presidenta madrileña a Rodríguez el día 12 de marzo. Según estos documentos, el letrado de González Amador expresó su intención de lograr un acuerdo que minimizara las consecuencias legales para su cliente. Este mensaje fue reenviado a Rodríguez, lo que podría sugerir que estaba informado sobre la estrategia legal. Sin embargo, durante su comparecencia como testigo, Rodríguez negó tener conocimiento de estos detalles hasta después de que la noticia se hiciera pública. En su testimonio, afirmó que solo tuvo acceso a la respuesta del fiscal a la solicitud de pacto y no al contenido original del mensaje.

El caso tomó un giro significativo cuando Rodríguez compartió esta información con un grupo de periodistas en un chat el 13 de marzo. Los periodistas recibieron un correo electrónico del fiscal Julián Salto que parecía indicar que el acuerdo propuesto había sido bloqueado "desde arriba". Esto generó especulaciones sobre quién estuvo detrás de la decisión. Rodríguez insistió en que solo compartió la información después de que la prensa ya hubiera publicado versiones similares. Además, reconoció haber conectado a un periodista con González Amador ese mismo día, pero mantuvo que no tenía el mensaje original que demostraba el intento de acuerdo.

El proceso judicial también reveló dificultades en la presentación de pruebas. El juez Hurtado impidió varias preguntas dirigidas a Rodríguez, argumentando que se desviaban del tema principal o que no eran pertinentes. La acusación popular solicitó el clonado del teléfono de Rodríguez para verificar los horarios de los mensajes, pero el magistrado consideró que bastaba con revisar los impresos que el testigo ya había proporcionado. Esto generó críticas sobre la limitación del interrogatorio y la posibilidad de que información relevante no fuera examinada a fondo.

Las restricciones impuestas durante la declaración de Rodríguez dejaron sin responder importantes cuestiones. Por ejemplo, no se permitió explorar si Rodrígrez tuvo conocimiento del inicio de la inspección fiscal contra González Amador antes de la fecha que declaró. La Abogacía del Estado advirtió que podría apelar al Tribunal Constitucional si consideraba que se habían violado derechos procesales. Estas limitaciones han generado debate sobre la integridad del procedimiento y la necesidad de mayor claridad en futuras investigaciones.