El proceso de reforma del sistema de pensiones en Chile enfrenta un desafío crucial: garantizar la sostenibilidad fiscal de la nueva estructura propuesta. Este miércoles, el proyecto ingresó a la Comisión de Trabajo del Senado, donde se espera que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) juegue un papel fundamental en la evaluación de los efectos económicos. El CFA ya ha comenzado a solicitar información relevante y se reunirá con la Dirección de Presupuestos para analizar en detalle los impactos fiscales. Además, el organismo ha iniciado una serie de encuentros con expertos en temas previsionales. El análisis detallado permitirá evaluar las implicancias fiscales antes de que el proyecto pase a la Comisión de Hacienda.

La preocupación por la sostenibilidad fiscal es central en este proceso de reforma. El CFA se encuentra en el epicentro de esta tarea, ya que será responsable de evaluar cómo las modificaciones al sistema de pensiones afectarán las finanzas públicas del país. Este viernes, el CFA tendrá una reunión clave con la Dirección de Presupuestos para obtener información detallada sobre los efectos fiscales del proyecto. En esta reunión, se espera que el gobierno presente un informe exhaustivo sobre la sostenibilidad fiscal. Además, el CFA ha organizado varias sesiones con especialistas en pensiones, como Gabriel Ugarte e investigadores de la Universidad de Los Andes, para profundizar en los aspectos técnicos de la reforma.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Felipe Kast, ha expresado su inquietud acerca del impacto de la reforma en la deuda pública. Aunque reconoce que la reforma está bien diseñada en términos generales, advierte que el aumento de la deuda pública es un asunto que requiere atención especial. Según Kast, el Estado de Chile incrementará significativamente su deuda al emitir préstamos solidarios a los trabajadores. Esto plantea la necesidad de un análisis riguroso para asegurar que esta deuda esté bien respaldada en las finanzas públicas. El CFA será convocado a exponer ante la Comisión de Hacienda para abordar estas preocupaciones.

Los cálculos financieros proyectan que, para 2050, el costo total de la reforma podría alcanzar los US$5.000 millones. Este monto incluye no solo los gastos adicionales, sino también la reducción de ingresos para el fisco debido a cambios en las cotizaciones. Entre los mayores desembolsos están el aumento de la Pensión Garantizada Universal y el préstamo solidario. Sin embargo, el Fondo de Seguro Social será registrado de manera separada del Gobierno Central, siguiendo estándares internacionales, lo que busca evitar que la deuda pública supere el 45% del PIB. Esta medida pretende proteger el balance fiscal del país mientras se implementa la reforma.

En resumen, el camino hacia una reforma del sistema de pensiones en Chile pasa por una cuidadosa evaluación fiscal. La participación activa del CFA y las discusiones en las comisiones del Senado son cruciales para garantizar que la nueva estructura sea sostenible y no comprometa las finanzas públicas a largo plazo. Las próximas semanas serán determinantes para definir cómo se gestionará el impacto financiero de esta importante reforma.