El último día de 2024 marcó un hito significativo en la estructura de seguridad pública del país, con la publicación de una reforma constitucional que otorga amplias facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este cambio legal refuerza su papel como actor clave en la estrategia nacional de seguridad.

Un Punto de Inflexión en la Gestión de la Seguridad Pública Mexicana

Nuevo Rol de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

La reforma al artículo 21 de la Constitución posiciona a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como el ente central en la coordinación y dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esta modificación legal permite a la SSPC asistir directamente al Ejecutivo Federal en cuestiones de seguridad nacional. Además, establece que la SSPC tendrá la capacidad de coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno y solicitar información a instituciones estatales para esclarecer delitos. Esta nueva disposición no solo fortalece la estructura de la seguridad pública, sino que también mejora la eficacia en la lucha contra la criminalidad. La colaboración intergubernamental asegurará una respuesta más rápida y efectiva a las amenazas emergentes. Por ejemplo, en casos de secuestros o extorsiones, la SSPC podrá movilizar recursos y personal de manera inmediata, sin tener que esperar aprobaciones adicionales.

Cambio en la Investigación de Delitos

Uno de los aspectos más significativos de esta reforma es la modificación en el ámbito de investigación de delitos. Hasta ahora, este rol recaía exclusivamente en el Ministerio Público. Sin embargo, con la nueva ley, la SSPC, la Guardia Nacional y las policías podrán participar en la investigación de ilícitos, actuando bajo la conducción del Ministerio Público. Este cambio permitirá una mayor flexibilidad y eficiencia en la recopilación de evidencias y la persecución penal.Este ajuste legal garantiza que las autoridades puedan responder rápidamente a incidentes críticos, lo que puede ser crucial en situaciones donde la prontitud es vital. Por ejemplo, en casos de delitos complejos como lavado de dinero o tráfico de drogas, la participación activa de la SSPC puede facilitar la obtención de pruebas cruciales que antes eran difíciles de obtener. Además, esto podría reducir la carga sobre el Ministerio Público, permitiéndole concentrarse en casos más específicos y delicados.

Financiamiento y Auditoría de Fondos de Seguridad

El decreto también especifica que los fondos de ayuda federal destinados a la seguridad pública serán canalizados exclusivamente para este fin en las entidades federativas y municipios. El uso correcto de estos fondos será auditado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este organismo tendrá la facultad de emitir acuerdos, lineamientos y acciones necesarias para homologar estándares y garantizar una coordinación eficiente entre los niveles de gobierno.La transparencia en el manejo de estos recursos es fundamental para evitar malversación y garantizar que los fondos se utilicen eficazmente. Por ejemplo, en estados con altos índices de violencia, como Michoacán o Guerrero, la auditoría rigurosa de los fondos puede asegurar que los recursos se destinen a programas preventivos y operativos que realmente hagan falta. Además, la implementación de estándares uniformes permitirá una mejor comparación y evaluación de los resultados en diferentes regiones del país.

Implementación y Liderazgo Estratégico

La SSPC tiene un plazo de 90 días naturales para armonizar las normativas y reglamentaciones necesarias que permitan implementar estas nuevas atribuciones. Este período es crucial para garantizar que todas las partes involucradas estén preparadas y capacitadas para cumplir con sus nuevas responsabilidades. Omar García Harfuch, al frente de la SSPC, adquiere un rol estratégico en la política de seguridad del país. Su liderazgo, junto con su estrecha relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, posiciona a la dependencia como un pilar clave en la implementación de las políticas de seguridad y en el combate al crimen organizado. La experiencia previa de García Harfuch en temas de seguridad y su red de contactos dentro del gobierno pueden ser factores decisivos en el éxito de estas reformas.

Impacto en la Pacificación y Fortalecimiento del Estado de Derecho

Esta reforma representa un cambio profundo en la gestión de la seguridad pública, ampliando las capacidades operativas y estratégicas de la SSPC y otorgando un nuevo marco legal para enfrentar los retos de violencia y criminalidad que aquejan al país. La atención ahora se centra en cómo se implementarán estas facultades y en su impacto en la pacificación y el fortalecimiento del Estado de derecho en México.El éxito de estas medidas dependerá en gran medida de la ejecución eficiente y transparente de las nuevas atribuciones. Si bien existen desafíos significativos, como la resistencia de ciertos grupos y la necesidad de capacitación continua, la esperanza es que esta reforma contribuya a una sociedad más segura y justa. Un ejemplo claro de ello sería la reducción de los índices de homicidios en zonas conflictivas, lo que podría ser un indicador temprano del impacto positivo de estas modificaciones.